El esfuerzo por asegurar la probidad y combatir la impunidad es una batalla que hay que dar de manera eficaz y persistente

El principal reparo contra la legislación aludida se refiere al hecho de quitarle a la Corte en pleno la facultad de abrir juicios por corrupción, pasándole tal atribución a la Sala de lo Civil de la Corte. Tal giro es sospechoso, sobre todo cuando hay importantes casos pendientes sobre el tema.
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Siguiendo una corriente que va ganando cada vez más fuerza y amplitud en todas partes, nuestro país ha visto en los tiempos más recientes una intensificación sin precedentes en lo que se refiere a ponerle cada vez más empeño a garantiza la probidad en el trabajo público y a perseguir la impunidad en todas las variadas formas en que ésta se hace sentir. El empuje de tales propósitos viene principalmente de la llamada sociedad civil, donde la conciencia ciudadana va ganando terreno como nunca antes, de seguro por la maduración progresiva del espíritu democrático en acción. En otras épocas la democratización parecía tema de élites; hoy, cuando las élites muestran tanta confusión frente a los retos de la realidad, es la ciudadanía la que asume la vanguardia del proceso nacional. Sin duda, estamos en un cambio de época.

En estos momentos hay en el país un intenso debate sobre el tema de probidad y los mecanismos para hacerla valer conforme a la ley. Hace algunos años, y para proteger a algunos funcionarios de alto rango, se le quitó a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia la capacidad de hacer investigaciones de fondo; recientemente dicha Sección ha sido rehabilitada institucionalmente. Y por presión del sentir ciudadano, en la última plenaria de 2015 fue aprobada la Ley de Probidad, luego de muchas dilaciones y resistencias. Pese a los reparos sobre la misma de importantes sectores de opinión y de gente bien capacitada en las temáticas en cuestión, dicha ley fue inmediatamente sancionada y publicada para que entrara en vigencia cuanto antes.

El principal reparo contra la legislación aludida se refiere al hecho de quitarle a la Corte en pleno la facultad de abrir juicios por corrupción, pasándole tal atribución a la Sala de lo Civil de la Corte. Tal giro es sospechoso, sobre todo cuando hay importantes casos pendientes sobre el tema. Todo hace creer que la mayor independencia con que ha venido actuando la Corte en pleno es lo que asusta y pone autodefensivos a muchos, entre los que hay quienes quisieran tapar perversidades del pasado y quienes pudieran estar poniendo sus barbas en remojo. Pero desde luego aún no está dicha la última palabra, porque ya hay recursos de inconstitucionalidad en marcha contra la referida ley aprobada, y eso abre un nuevo capítulo de expectativas sobre lo que en definitiva pueda quedar.

Lo que resulta más evidente cada vez es que las trabas que se le ponen al avance de la lucha contra la corrupción y la impunidad van teniendo menor efecto en los hechos, y además exponen al repudio ciudadano a los que quieren imponerlas. Es determinante que la fuerza ciudadana vaya ganando terreno, pues eso abona más que nada al buen funcionamiento institucional, que es la base de una democracia que en los hechos merezca el nombre de tal.

En definitiva, se trata de que la práctica de valores como la honradez, la equidad y el respeto adquiera categoría de función natural tanto dentro de la sociedad como de la institucionalidad. Este es un esfuerzo y un trabajo de largo alcance en el tiempo, pero se sustenta con las acciones que se realizan en el día a día. En el caso de la Ley de Probidad esperamos que al final quede como debe ser, conforme a la Constitución y al orden moral. Y habrá que seguir adelante, porque todo esto es, como decíamos al principio, una batalla persistente, de cuyos sucesivos desenlaces depende en buena medida la salud democrática del país.

Tags:

  • probidad
  • transparencia
  • sociedad civil
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