El evento electoral que está a las puertas tiene que ser equitativo y transparente al máximo

No se entiende por qué se está produciendo la tozuda negativa de la mayoría de miembros del TSE a ordenar la papeleta de tal modo que nadie quede con dudas o temores al respecto.
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El avance hacia los comicios legislativos y municipales que se realizarán el próximo 1 de marzo ha tenido características muy particulares desde su inicio. Para empezar, los preparativos del mismo comenzaron casi inmediatamente después de que se dieran las elecciones presidenciales de 2014, en las que la derecha y la izquierda quedaron prácticamente al mismo nivel en lo referente a las preferencias ciudadanas. Y ya cuando la competencia hacia las urnas se hallaba en camino, aunque no hubiera campaña electoral formal, una sentencia constitucional estableció el voto cruzado para elegir diputados, lo cual vino a unirse a la novedad que constituyen los llamados concejos plurales, aprobados a principios de 2013.

En esta oportunidad, como en ninguna otra anterior, las elecciones para renovar Asamblea Legislativa y para integrar concejos locales tienen una implicación política trascendental. En el ámbito de los municipios se estará experimentando por primera vez una forma de representación proporcional, lo cual inevitablemente inducirá a las distintas fuerzas políticas a interactuar directamente en la gestión más próxima a la ciudadanía comunitaria; y en cuanto a la Asamblea, la correlación de fuerzas será sin duda influenciada por el ejercicio del voto cruzado, quizás más en lo que se refiere a los partidos pequeños que en lo que toca a las fuerzas numéricamente mayores.

Estamos sin duda viendo cómo evoluciona nuestro proceso electoral en general, y, en lo que a elección de diputados se refiere, todo apunta a que en un futuro no muy lejano se estará discutiendo el punto de las jurisdicciones distritales, para que en cada distrito electoral se elija al correspondiente diputado. Esta dinámica evolutiva pone a prueba, evidentemente y con características cada vez más retadoras, tanto a las fuerzas partidarias en particular como a las instituciones encargadas de conducir el proceso y de garantizar su normalidad.

Lo anterior implica que hay que hacer movimientos sustentados y creíbles en la línea de asegurar que la voluntad ciudadana quede fielmente plasmada en los resultados que salgan de las urnas. En tal sentido, el trabajo de las autoridades electorales, encabezadas por el Tribunal Supremo Electoral, tendría que estar en todo aspecto más allá de cualquier sospecha de parcialidad o de sesgo. Desafortunadamente, lo que se está observando en los hechos es que dicho Tribunal adolece de fallas de ecuanimidad que ponen en entredicho la gestión respectiva. Y el punto específico de la configuración de la papeleta de votación para diputados lo demuestra, sobre todo porque dentro de la normativa del voto cruzado cualquier error o desvío en la marca puede ser causa de anulación del respectivo sufragio.

No se entiende por qué se está produciendo la tozuda negativa de la mayoría de miembros del TSE a ordenar la papeleta de tal modo que nadie quede con dudas o temores al respecto. Lo que a todos debería interesarnos, en primer lugar, es la credibilidad y la transparencia con que se vaya moviendo el ejercicio electoral en sus diversas fases y facetas. Hay que hacer conciencia de manera constante en el sentido de asegurar que no sólo sean claras e igualitarias las reglas del juego sino que respondan a lo que el proceso va demandando en cada momento sucesivo.

Esperamos que la racionalidad responsable acabe por imponerse, sea por vía del propio razonamiento o por efecto de las decisiones legales correspondientes.

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