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El factor externo de la campaña

Una campaña electoral debería tener como punto principal el debate de las propuestas que los candidatos tienen para los ciudadanos. Debería haber una exposición amplia y fundamentada de los planes de gobierno. Tendría que ser creativa y buscar cómo atraer la atención y el interés de los ciudadanos, indiferentes a la política.
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Creo que también debería alejarse del insulto y la difamación. Sí creo que debemos saber quiénes son los candidatos y que incluso los contendientes nos digan las cosas que sus rivales se guardan de sí mismos, eso sí, dentro del marco del respeto y del cumplimiento de las leyes.

Lo que no me parece bueno es que justo en este momento, cuando hay una carrera electoral tan cerrada y con un tercer lugar con respetable apoyo popular, aparezcan las instituciones queriendo hacer el trabajo que hace meses no realizan.

En la columna de hace dos domingos decía que esto no era nada nuevo. Que ahí está el ejemplo de la Fiscalía durante la campaña pasada, que a pocos meses inició una investigación por la presunta vinculación de líderes del FMLN con las FARC o los $3 millones que aparecieron en la cuenta del entonces candidato Mauricio Funes (por cierto, hace unos días aclaró que no fue un préstamo, como dijo en marzo de 2009, sino que se trató de un donativo a su campaña).

Ahora, ARENA dice lo mismo con la actuación de la Fiscalía en la acusación de exfuncionarios de CEL por el contrato firmado con la italiana Enel Green Power.

Pero también está el caso de la Sala de lo Constitucional, que acaba de admitir una de las cinco demandas contra la candidatura de Antonio Saca, la que se refiere a que no puede aspirar a la Presidencia de la República porque es concesionario del Estado, una prohibición expresa contenida en la Constitución de la República.

Recién el viernes, la sala desestimó las demandas contra los otros candidatos a la presidencia, Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén.

Lo lógico hubiera sido que si la sala las iba a analizar –como le ordena la Constitución– en la recta final de la campaña electoral, hubieran sido las tres al mismo tiempo.

Además, la admisión de la demanda contra Saca señala que aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la máxima autoridad en materia electoral, esto no le inhibe a ser objeto de control constitucional.

Es decir, que aunque el TSE consideró legal la candidatura de Saca y la inscribió, la sala podrá anularla.

El presidente del TSE, Eugenio Chicas, reclamó por lo que consideró una intromisión. Nunca había pasado, pero perfectamente la sala pudo haber advertido sobre la omisión, sobre todo cuando recibió una demanda antes de la inscripción.

Es cierto que debemos fortalecer la institucionalidad, en general, pero no debe ser a costa de la inestabilidad o de restarle facultades a una institución en particular.

Hay un evidente vacío legal. Así como se prohíbe la campaña electoral tres días antes de los comicios, o se le impide al comercio vender licores, también se debería dejar en el campo estrictamente electoral las candidaturas, sobre todo cuando falta tan poco para ir a las urnas.

Sin embargo, ahora veremos cómo este elemento externo influye en el proceso electoral. Pueda que incluso ahorre la segunda vuelta, pero también deje sin consultar a un sector importante de la población y a un segmento del espectro político.

Tags:

  • elecciones
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  • sala de lo constitucional
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