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El fallo absolutorio en el caso Trollcenter es un verdadero atentado contra la justicia

Todo un despliegue de elementos probatorios de la máxima solidez técnica, a la hora de sacar conclusiones el Tribunal se fue por la vía de una interpretación fantasiosa de los hechos, que llevó a desestimar la culpabilidad evidente de los autores materiales comprobados del atentado y a poner en primer plano la responsabilidad criminal de un sexto participante que no aparece en el juicio. Esto es casi anticipar una resolución futura, dejando a los autores probados en la impunidad.
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La Prensa Gráfica

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El pasado viernes el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla dio a conocer su resolución en el caso judicial contra los autores materiales del ciberataque perfectamente orquestado para dañar a LA PRENSA GRÁFICA y a su Presidente por medio de la clonación delictiva del sitio web del periódico y la publicación de declaraciones falsas con propósitos aviesos de los cuales, por las múltiples pruebas presentadas, no hay ninguna duda. El Tribunal absolvió totalmente de cargos a los cinco imputados de cuatro delitos: violación de derechos de autor y derechos conexos, violación de distintivos comerciales, falsedad material y asociaciones ilícitas. Tal resolución, desde el más elemental análisis, no sólo es atentatoria contra la sana aplicación del análisis jurídico, sino que vulnera aspectos de seguridad y de libertad que son esenciales para garantizar los derechos ciudadanos básicos.

Pese a que durante el largo tiempo que llega recorrido el presente juicio se hizo, por parte de la Fiscalía General de la República y de la querella particular, todo un despliegue de elementos probatorios de la máxima solidez técnica, a la hora de sacar conclusiones el Tribunal se fue por la vía de una interpretación fantasiosa de los hechos, que llevó a desestimar la culpabilidad evidente de los autores materiales comprobados del atentado y a poner en primer plano la responsabilidad criminal de un sexto participante que no aparece en el juicio. Esto es casi anticipar una resolución futura, dejando a los autores probados en la impunidad. Y tal situación, que jurídicamente está a todas luces fuera de foco, hace que la justicia resulte dañada y debilitada, con todos los riesgos que eso acarrea, especialmente cuando se trata de la criminalidad cibernética que está tomando cada vez más auge destructivo en todas partes.

Las contradicciones y falencias del fallo aludido hacen patente que también es imperativo poner al ejercicio concreto de la justicia a tono con las realidades del tiempo actual, en el que el crimen viene tomando un protagonismo creciente. Lo peor que puede pasar en las circunstancias actuales es que se fortalezca la impunidad de los nuevos métodos criminales. Y eso abre grandes desafíos que sólo podrán ser enfrentados si los que están más expuestos a los embates delincuenciales, como son en este caso los medios de comunicación, se mantienen firmes, activos y actualizados en la defensa de la integridad de sus derechos, que son en definitiva los derechos de la sociedad en su conjunto.

A raíz de este fallo tan desatinado y fuera de foco se tendría que dar, aparte del uso responsable y suficiente de los recursos legales para llegar a conclusiones judiciales verdaderamente consistentes, un análisis jurídico de fondo, que ponga este caso como un ejemplo vivo de los peligros institucionales a los que estamos expuestos.

Como decíamos en Editorial anterior, es determinante para fortalecer el imperio de la legalidad, la vigencia de la seguridad y el sano desempeño del régimen de libertades en el país, que en casos como el que ahora nos ocupa se sienten precedentes inequívocos para que se pueda hablar de un auténtico Estado de Derecho en funciones. El juicio continúa, y esperamos que esta primera fase de conclusiones tan desafortunadas dé paso a una solución final que haga justicia de veras.

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