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El fallo judicial sobre los ciberataques contra medios debe ser ejemplarizante

Si hechos como los mencionados llegaran a quedar impunes o sólo con consecuencias de menor significación, estaríamos todos ante el riesgo cierto de resultar en cualquier momento víctimas de las arremetidas alevosas provenientes del uso delictivo de la tecnología.
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Se encuentra en manos de la justicia el caso penal de los ciberataques contra medios de comunicación, y específicamente contra LA PRENSA GRÁFICA. Los ciberatacantes forman parte de una estructura con fines evidentemente delictivos, que se ha dedicado a clonar páginas web y a crear sitios falsos para desde ahí desprestigiar y desestabilizar con todos los recursos tecnológicos al alcance a los medios que sean víctimas del ataque alevoso. Ante semejante situación, que es peligrosa y dañina al máximo, LA PRENSA GRÁFICA ha puesto todo el empeño necesario para que semejantes conductas destructivas no se queden impunes, y es así como el enjuiciamiento de los presuntos culpables, al menos por hoy en la fase material, tiene todos los insumos de prueba para que el peso de la ley caiga sobre los que resulten condenados.

Hay 5 procesados y un implicado intelectual que aún no ha sido llevado a juicio. Las pruebas recogidas por la Fiscalía General de la República y por la querella son contundentes y suficientes para que todos los que forman parte de la estructura criminal cibernética reciban el castigo que la ley establece. Hay peritajes científicos completos y confiables sobre el proceder delincuencial de los imputados y un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que no deja ninguna duda. La tecnología de la que estos sujetos abusaron con fines criminales permite, en su uso legítimo, desenmascarar a los abusadores de la misma.

Hay delitos bien definidos sobre los que la justicia tendrá que pronunciarse: violación de derechos de autor y derechos conexos, violación de distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas. Uno de los puntos más relevantes de este enjuiciamiento consiste en poner a la luz pública los gravísimos peligros y daños que pueden resultar del manejo criminoso de los recursos tecnológicos, que se sofistican cada día más. En un caso como este queda de manifiesto que la tecnología, así como puede ser un instrumento de extraordinarias potencialidades para expandir el conocimiento y globalizar los avances científicos también es capaz de volverse un arma de altísima capacidad destructiva cuando se usa con fines perversos.

En el caso de los ciberataques contra medios lo que en verdad se está golpeando en forma demoledora es el sano ejercicio de la libertad de informar, con el propósito de que los medios que cumplen responsablemente con su función queden expuestos al rechazo infundado y a la desconfianza injustificada, todo ello con fines aviesos que responden a intereses oscuros. Es por eso que la labor reparadora y ejemplarizante de la justicia se vuelve un factor decisivo para cortar de tajo este tipo de agresiones delictivas.

Si hechos como los mencionados llegaran a quedar impunes o sólo con consecuencias de menor significación, estaríamos todos ante el riesgo cierto de resultar en cualquier momento víctimas de las arremetidas alevosas provenientes del uso delictivo de la tecnología. Hay que sentar a tiempo pautas de control que propicien el castigo adecuado por las acciones ya realizadas y sirvan como mecanismos de disuasión para aquellos que pretendan continuar en este tipo de prácticas. La ley tiene que cumplir su función en ambos sentidos.

Estamos ante un caso que debe volverse emblemático de lo que es la vigencia real del Estado de Derecho. Es lo que esperamos que ocurra para bien del proceso nacional.

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