Dos situaciones extraordinarias se están volviendo peligrosamente ordinarias en el funcionamiento del gobierno: la militarización y la falta de controles al hacer compras y contrataciones.

El régimen, si bien lo justifica con declaratorias de emergencia y sucesivas campañas de propaganda en la que destroza a todo aquel que se oponga o no se adhiera de modo vehemente a esas medidas, tampoco tiene la necesidad de argumentarlo. De modo efectivo, el oficialismo ha vaciado de la esfera pública todo atisbo de ejercicio democrático, debate y discusión y con legisladores y ministros reducidos a operarios, goza de todas las licencias, empezando con la de los escrúpulos que ya ni siquiera simula.

Lo que se justificó durante la irrupción pandémica se ha convertido en hábito para la administración Bukele: compras sin someterse a los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP). Así pasa con el estado de excepción, así ocurre con la construcción del nuevo centro penal y así ocurrirá con lo correspondiente a la atención a la emergencia por la tormenta tropical Bonnie. Y los peones del gobierno en el Salón Azul ya están listos para aprobar que todo lo relativo al voto en el exterior también se haga con esa dispensa.

Algunos de estos funcionarios justifican esta recurrente burla a los ciudadanos alegando que todo es urgente; lo será, pero para quienes les dan las órdenes de saltarse la ley para honrar intereses que no son los de los contribuyentes. Es que la LACAP no está ahí por antojo de anteriores legisladores, sino para inyectar conceptos del derecho administrativo a la administración pública en esa materia, fortalecer e imponer los criterios de probidad pública y proteger el erario público de defraudación y otros delitos.

La LACAP, entre otras medidas, prohíbe que los mismos empleados públicos oferten obras, bienes o servicios al Estado, así como los cónyuges y los parientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad de los funcionarios. Y eso fue justo lo que ocurrió durante la pandemia, tal cual se comprobó en unos cuantos casos antes de que el ministro de Salud comenzara a decretar reservada la información relativa a la millonaria inversión hecha en esos meses.

Desde entonces, es muy difícil saber si ese concepto de la Ley está siendo honrado; lo que está a la vista es lo incómodo de ese articulado para el Ejecutivo. Aunque continúen sistemáticamente por esa ruta, hay conductas administrativas prohibidas por la Constitución y debidamente descritas en el Código Penal que no admiten disculpa, con o sin LACAP. Y aunque el sistema judicial no parezca proclive en este momento, todos tendrán que dar cuenta de lo que hagan con el dinero de los contribuyentes.

Igual de extraordinario es lo que ocurre con la Fuerza Armada, que a las tareas de seguridad pública a las que se les ha destinado desde hace meses ahora les están añadiendo otras para las cuales la tropa no tiene el conocimiento técnico ni el mandato constitucional. La Ley Orgánica de la FAES no admite interpretaciones ni matices en tiempos de paz. Si las tareas del Ejército no tienen que ver con la defensa nacional, se está comprometiendo innecesariamente la credibilidad de la institución por motivos mezquinos.