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El gran ausente

La única forma de asegurar logros y alcanzar otros más sustanciales es a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas, no de su erosión. 

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Williams González - Economista, catedrático de negocios e innovación y consultor político

Williams González - Economista, catedrático de negocios e innovación y consultor político

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No es nada popular decirlo pero El Salvador ha experimentado importantes transformaciones económicas y sociales en los últimos 30 años. Si bien los gobiernos, tanto de ARENA como del FMLN, suman incontables casos de corrupción de todo tamaño y complejidad, también durante esos gobiernos la vida de muchos salvadoreños mejoró. Ese proceso ha sido posible gracias a nuestra institucionalidad democrática, que siendo débil, frágil y bajo constantes presiones, se ha articulado, en términos macro, para beneficio de los ciudadanos. Esa infraestructura se encuentra bajo las presiones más intensas desde la Firma de los Acuerdos de Paz y está deliberando una ardua batalla a la sombra de la ausencia del actor más importante: la ciudadanía.

No es contradictorio exigir la judicialización de los casos de corrupción de los últimos siete gobiernos y reconocer los avances en calidad de vida liderados por esas mismas administraciones. Según datos de la CEPAL, de 2000 a 2018 la población en condición de pobreza se redujo del 49.1% al 34.5 %, la pobreza extrema se redujo del 17.5 % al 7.6 % y el índice de Gini, como medida de desigualdad en la distribución del ingreso, se redujo del 0.509 al 0.405. Es claro que estos avances son insuficientes y que tenemos grandes deudas con la salud, educación y acceso a oportunidades de todos los sectores, pero la única forma de asegurar esos logros y alcanzar otros más sustanciales es a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas, no de su erosión. 

Cada uno de los millones de dólares contribuidos por los ciudadanos que se han perdido en tantos casos de corrupción nos cuentan una historia de ausencia y de “inocencia política”: el mayor error que la ciudadanía puede cometer es darle la espalda a sus representantes una vez pasan las elecciones confiando ciegamente en que responderán a los intereses de quienes los contrataron como funcionarios. La política no es un partido de fútbol, en el que importa quién anota más “goles electorales”. La política no es religión, en donde son “bienaventurados los que creen si haber visto”. La política no es un juego de revanchismos en el que importa quién pierde y no le prestamos atención a quienes ganan.

La falta de participación ciudadana, de contraloría social, de apertura a las voces críticas y de una cultura de hacer preguntas incómodas ha permitido que el gobierno de unos pocos se transforme en el negocio de unos pocos. Podemos responsabilizar tanto a los políticos que arremeten actualmente contra nuestras instituciones en beneficio propio, como a los políticos tradicionales que lo hicieron durante décadas, pero en el fondo necesitamos aceptar la parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos que nos hemos ausentado de tantos procesos por no “ensuciarnos”, por no comprenderlos, o simplemente por tener necesidades inmediatas más apremiantes.

Esta institucionalidad democrática, que a medias y todavía con deudas, ha potenciado el modesto desarrollo de El Salvador nos exige modificar nuestra cultura política y activar a una ciudadanía presente: que destina tiempo a formarse e informarse en los temas de país, que evalúa las políticas por sus costos y efectos esperados y no por la imagen publicitaria de las mismas, que exige una rendición de cuentas de todos los funcionarios y que participa en partidos políticos, movimientos, gremios y procesos institucionales porque entiende que es el único medio de generar cambios sostenibles que nos beneficien a todos. Urge hacerlo antes de que los retrocesos en la institucionalidad democrática se traduzcan también en pérdidas de los pocos pero valiosos logros sociales que afectan siempre a los ausentes.

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