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El imperio de la ley siempre ha sido endeble en el país, y el principal desafío es lograr que se fortalezca permanentemente

Debemos pasar a una etapa nacional en la que la ley tenga vigencia no sólo en el papel sino sobre todo en los hechos. Esa es la gran responsabilidad de todos, tanto de los que ejercen poder como de los que deben estar vigilantes de tal ejercicio.

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David Escobar Galindo

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Nuestro sistema de vida social y política ha estado expuesto a lo largo de todo el decurso histórico a gran cantidad de vicisitudes, y la principal de ellas ha sido, y en gran medida sigue siendo, la falla recurrente del imperio de la ley no sólo para hacerse valer como estructura normativa básica en todo el quehacer nacional sino también, y muy significativamente, como garante del orden, de la seguridad y de la estabilidad en todos los espacios de vida y de convivencia. En distintas formas y bajo diversas modalidades, el Estado de Derecho en el país se ha mostrado incapaz de responder a cabalidad a las tareas y a los desafíos que le corresponden, y eso ha determinado que los salvadoreños permanezcamos históricamente en un puente colgante entre la fatalidad y la imprevisibilidad.

En las épocas anteriores a la guerra de los años 80, el autoritarismo político era el principal enemigo del Estado de Derecho, con exilios, desapariciones y asesinatos a la orden del día. Durante el conflicto armado, la misma dinámica de dicho conflicto hacía que la ley estuviera subyugada a la violencia imperante. Y en esta época posterior, el crimen organizado ha tomado la iniciativa destructiva prácticamente en todos los órdenes de la vida nacional. Al hacer un análisis comparativo de tales situaciones que se han sucedido en el transcurso del tiempo, resulta evidente que, por encima de la violencia en sí, nos encontramos hoy inmersos en una situación que, como tal, no tiene precedentes, ni en su complejidad ni en su gravedad.

Ni siquiera durante la guerra interna se dio un riesgo tan directo y tan devastador contra el Estado de Derecho como el que venimos padeciendo en las décadas más recientes. Y, por consiguiente, las políticas y las estrategias de control y de recuperación tienen que ser a la vez originales y pragmáticas, para estar en consonancia con la lógica de los tiempos que corren. Originales porque el momento tiene esa característica, y pragmáticas porque sólo en tal dimensión es factible mover soluciones que verdaderamente funcionen. Lo que está en juego en verdad es la ley, que representa el elemento vital de la buena marcha en todo sentido.

Ilustración de Moris Aldana

A estas alturas, y dadas las complejidades y las confusiones que están diariamente en juego, lo que se impone como tarea conductora es reconocer como tales todos los factores que inciden en la realidad presente, y a partir de ahí mover las percepciones y las políticas que puedan incidir en la transformación positiva de lo que pasa y de lo que debería seguir pasando. Y en ese orden, la legalidad debe tener atención prioritaria. Hacer que la ley impere es, entonces, el supremo mandato por cumplir, ya que si eso no ocurre todo lo demás queda en el aire.

Aunque no es el único factor de distorsión extrema, el accionar cada vez más alevoso del crimen organizado está en el primer lugar de los trastornos que imperan en nuestro convulsionado ambiente. Remediar tal distorsión viene a ser entonces tarea impostergable, y con todo el rigor que las circunstancias exigen. No son admisibles las medias tintas ni los procederes mediatizados: sin salirse de los esquemas legales hay que hacer que la ley actúe con la implacabilidad del caso.

Y, desde luego, hay que eliminar cualquier tipo de complicidad con las diversas expresiones del crimen, para que la lucha sea franca, limpia e invulnerable. Todos estamos esperando que esa sea la línea de la Administración actual, sin desvíos o desagües de ninguna índole. Si es así, el país podrá emprender de veras una nueva ruta por el rumbo correcto, como se está requiriendo con tanta insistencia.

Hay que mantenerse con el dedo en el renglón, sin cesar ni un solo instante ni ir dejando ningún cabo suelto. La tenacidad insobornable es la clave del desempeño exitoso. Si por algo han fallado todos los intentos anteriores de ponerle alto al crimen es porque han sido empeños de ocasión.

Debemos pasar a una etapa nacional en la que la ley tenga vigencia no sólo en el papel sino sobre todo en los hechos. Esa es la gran responsabilidad de todos, tanto de los que ejercen poder como de los que deben estar vigilantes de tal ejercicio.

Asumamos la legalidad como un trabajo en común, porque de eso se trata: de que la ley cumpla con su misión ordenadora, restauradora y preservadora.

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  • imperio de la ley
  • Estado de Derecho
  • violencia
  • crimen organizado
  • tenacidad insobornable

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