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El legítimo derecho a disentir

El escritor portugués José Saramago –premio Nobel de Literatura– apropiadamente sostenía que “disentir es uno de los derechos que le faltan a la Declaración de los Derechos Humanos”. Por su parte, el profesor estadounidense, experto en liderazgo y administración de negocios, Warren Bennis, señala que las burocracias no toleran el disenso y que la unanimidad conduce más rápidamente al estancamiento.
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Nos parece que estas reflexiones son más que oportunas, pues estamos presenciando en diferentes sectores de nuestra sociedad no solo elevados niveles de intolerancia sino también un creciente irrespeto por la opinión disidente y un ánimo descomedido por lograr unanimidad y unidad de pensamiento olvidando que para una democracia sana, el disenso es esencial. Es más, el disenso es una consecuencia directa de la libertad; es un privilegio que debemos cuidar y cultivar. Al disenso se le opone frontalmente la imposición y el autoritarismo.

El legítimo derecho a disentir debe respetarse y valorarse incluso entre aquellos que comparten los mismos principios, valores, creencias e ideologías. Así para el caso, si bien en el CEJ los más de 300 miembros abogamos al unísono “por el imperio del Derecho” y así conducimos todas nuestras actuaciones, también reconocemos, valoramos y permanentemente propiciamos la existencia de opiniones divergentes. Hay que decir que eso ha sido precisamente uno de los factores que más ha contribuido a que el CEJ se haya mantenido todos estos años como una de las asociaciones de abogados más prestigiosas en este país.

Es menester que esto se entienda en su exacta dimensión por funcionarios públicos, políticos, comunicadores, forjadores de opinión, gremiales, empresarios y por la sociedad en general. Muchas vidas ha cobrado la lucha por las libertades, para que se prescinda y hasta se sancione la opinión crítica o disidente.

No es sano que el presidente de la República prescinda de la opinión de sus ministros y tome decisiones que nunca pasen por el imprescindible apoyo que brindaría tener discusiones en Consejo de Ministros, como tampoco es sano que continuamente amoneste a quienes manifiesten tener un parecer distinto al del presidente. Contrario a eso, debe estimular el debate y nutrirse de sus críticos.

Se vulnera el derecho a disentir cuando en el interior de partidos políticos se pretende que todos sus miembros estén siempre de acuerdo con lo que deciden y ordenan sus cúpulas. Mientras no se trastoquen los principios y las convicciones ideológicas bajo las cuales se aglutina un grupo de personas en un movimiento político, o mientras no se burle la voluntad popular ejercida en las urnas, no puede ni debe forzarse el consenso. Los partidos tienen que entender que en aquellos casos en que les corresponde designar funcionarios públicos, no están designando a personas que representarán sus particulares intereses, sino a un funcionario que habrá jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; en su desempeño, ese funcionario no tiene que alinearse con el o los partidos que le designaron. Eso es nocivo para cualquier democracia.

La necesidad del disenso también alcanza al Órgano Judicial donde sin duda hay muchos casos que justifican la existencia de votos disidentes, los cuales además enriquecen el derecho y la aplicación de las leyes. El CEJ reitera su apoyo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte, quienes han dado repetidas muestras de su imparcialidad, independencia y valentía, pero a la vez les alienta a no llevar a ultranza el esfuerzo por lograr decisiones consensuadas. Son más de tres años en que todas las sentencias de esa Sala se dictan con el consenso de cuatro de sus miembros, quienes nunca han pronunciado voto disidente; eso tampoco es bueno.

Nuestros lectores podrán disentir de lo que opinamos, pero eso lo apreciamos.

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