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El manejo de los fondos públicos tiene que ser transparente y correcto, y para eso hay que erradicar toda arbitrariedad abierta o encubierta

La apropiación delictiva de fondos estatales al amparo de esa discrecionalidad oscura a la que nos referimos pareciera tener sus días contados; y este es un hecho que indica, entre muchos otros, que el tiempo de la impunidad se agota irremisiblemente y que la institucionalidad nacional va haciéndose sentir como debe ser.
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A lo largo de los tiempos más recientes se ha venido potenciando la transparencia en lo referente a las conductas y las acciones gubernamentales, y muy especialmente a las que se dan en los más altos niveles del ejercicio del poder. Al respecto, la tradición instalada en el ambiente estuvo siempre regida por el ocultamiento, sin que hubiera ninguna forma efectiva de revertir el esquema de distorsiones que eso traía consigo. No es de extrañar, entonces, que el abuso fuera creciendo de manera exponencial, a la luz de que no había consecuencias correctivas ni punitivas de ninguna índole. Y lo más revelador del caso fue que, una vez que se pasó del esquema autoritario al ejercicio democrático, en vez de mejorar las cosas en este campo se disparó la corrupción, alentada por una impunidad que parecía no tener ningún freno a la vista.

Pero el proceso nacional avanza pese a todo, y una de las áreas en que esto es más notorio es la que corresponde a la transparencia y a la persecución legal de los procederes abusivos y corruptos, como puede constatarse cada vez más en el día a día. Esto está llegando a los niveles del ejercicio presidencial, que parecía un espacio blindado para hacer lo que se quisiera según la voluntad del liderazgo de turno. Hay que tener presente que en El Salvador ha regido desde siempre un presidencialismo casi omnipotente, que se afirmó durante la larga época en que prevalecía un autoritarismo con artificiosas formas democráticas, y que en buena medida se trasladó a este período histórico en que la democracia va ganando mayor presencia en el ambiente.

Uno de los desagües más visibles y a la vez más escondidos es el de los llamados “gastos reservados” de la Presidencia de la República. Es lo que ha sido conocido comúnmente como “partida secreta”; es decir una significativa y no controlada asignación de fondos para hacer erogaciones con una discrecionalidad sin límites en los hechos. Esto, que por tanto tiempo pareció intocable, está hoy siendo expuesto no sólo a la luz pública sino también al juicio de la ley. La persecución institucional de los responsables se halla en marcha, y de seguro se darán muchas novedades en lo que viene. La apropiación delictiva de fondos estatales al amparo de esa discrecionalidad oscura a la que nos referimos pareciera tener sus días contados; y este es un hecho que indica, entre muchos otros, que el tiempo de la impunidad se agota irremisiblemente y que la institucionalidad nacional va haciéndose sentir como debe ser.

La impunidad que se sostiene en el tiempo genera su propia trampa, porque al parecer que nunca va a ser controlada los corruptos se sienten libres de hacer sus fechorías sin mayor cuidado. Es por eso que muchas de las acciones que se van destapando son tan fácilmente comprobables. De aquí en adelante de seguro los destapes que se vienen dando tendrán un saludable efecto disuasivo, con lo cual se estimulará el saneamiento del sistema, que es el propósito fundamental del accionar ordenador que está tomando cuerpo en el país. Necesitamos llegar a un Estado de Derecho y de normalidad que esté por encima de todas las contingencias. Esa es la máxima tarea por hacer en esta precisa coyuntura histórica.

Hay que alentar a la ciudadanía en su rol vigilante y promotor de la sanidad institucional y acompañar las iniciativas públicas y privadas que vayan en esa línea. A lo que debemos apostarle en conjunto es a una modernización responsable y visionaria en todos los órdenes.

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