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El más grave desafío de la criminalidad se centra en la extorsión y hacia ahí hay que dirigir una lucha intensiva

Y el hecho de que la impunidad de la extorsión se haya difundido sin control ni contención es la señal más grave de lo que la población salvadoreña padece como flagelo constante.

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El auge criminal en nuestro país tiene raíces profundas en el ambiente, y su expansión detonante en esta época que aún es de posguerra nos indica a todas luces que el hecho inveterado de dejar estar las cosas, por dañinas y devastadoras que sean, constituye la peor práctica posible en detrimento de la normalidad nacional y de la salvaguarda de los valores esenciales de una convivencia realmente pacífica y progresista. La organización del crimen comenzó a ganar impulso inmediatamente después del fin de la guerra; y eso es una paradoja que debe hacernos reflexionar en serio sobre las distorsiones socioeconómicas persistentes, que vienen de tan lejos. Hay que asumir las culpas generalizadas, no para llorar sobre las cenizas sino para hacer valer las sustancias vitales que han sobrevivido a todo.

A estas alturas del empoderamiento de la criminalidad en los diversos ámbitos de nuestra vida nacional, lo que los salvadoreños sentimos es angustia por dicho avance y frustración por lo que ocurre a expensas de la seguridad a la que tenemos derecho y de la tranquilidad que merecemos. Y por ello, todos los signos, por iniciales que sean, en la línea de revertir tal situación crean expectativas confortantes. Dicho esto, hay que puntualizar que nada se sostendrá en el tiempo por venir si no se atiende como debe ser a los retos más decisivos ni se sostiene el esfuerzo contra toda vacilación o incertidumbre.

Y aquí tenemos que enfocar de manera inequívoca un tema que es absolutamente determinante para que la lucha anticriminal pueda rendir los frutos esperados: el de la extorsión como forma primaria de vida de los entes criminales y de sus integrantes. Porque la extorsión es básicamente eso: vivir impunemente del trabajo de la ciudadanía honrada, y de la manera más abierta y abusiva. Y el hecho de que la impunidad de la extorsión se haya difundido sin control ni contención es la señal más grave de lo que la población salvadoreña padece como flagelo constante. Esa impunidad ya tan arraigada produce además que mucha gente que no pertenece orgánicamente a los entes criminales se dedique a este tipo de actividades perversas, con lo cual el mal se expande a todo vapor.

La Fiscalía General de la República ha expuesto que se pondrá en marcha un plan antiextorsiones en el que participará dicha institución en alianza con el sector privado y con instituciones correspondientes del Órgano Ejecutivo; y tal iniciativa pone de manifiesto la intención de entrarle más a fondo a esta problemática que, en términos generales, presenta complejidades de alto calibre, que demandan planteamientos y acciones de verdadera capacidad correctiva. Los parches y las ocurrencias son irrelevantes; y, peor aún, tienden siempre a volverse contraproducentes, como está a la vista en tantas situaciones concretas.

Hay que concienciarse a fondo sobre esa realidad práctica que le da sustento a la organización criminal en su conjunto: sus fuentes de financiamiento están diseminadas en todo el territorio, y, como mencionábamos, la mayor de ellas es la extorsión. Se ha vuelto apremiante, entonces, aplicarle tratamientos asfixiantes a la red nutritiva del crimen; y para que eso se dé en el campo de la extorsión es insoslayable hacer una persecución constante hasta llegar a la asfixia total.

Lo que habría que ir asegurando de manera sostenida es que se le dé vuelta al trastorno que genera el crimen en todas sus expresiones: hay que hacerle la vida imposible a la criminalidad en vez de que sea ella la que nos siga haciendo la vida imposible a todos los salvadoreños.

Confiamos en que ese giro reordenador no sólo exista de veras sino que produzca los resultados esperados. Esto es clave para revitalizar la confianza ciudadana.

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