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El mediador de Naciones Unidas y su enorme desafío (I)

Se agotó el ordenamiento/“modelo” social, económico e institucional de la posguerra, en ausencia de visión y modelo compartido para el nuevo impulso del futuro.
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Hace un poco menos de dos años compartí con tristeza con un buen amigo diplomático que concluía exitosamente su misión en el país mi convicción que el gobierno y las principales fuerzas políticas salvadoreñas eran incapaces de llegar, por ellas mismas, a acuerdos sustantivos para enfrentar la crisis de seguridad y la crisis fiscal en ciernes que enfrentaba el país, e impulsar una visión y proyecto de desarrollo compartido de mediano y largo plazo; agregando que la comunidad internacional a través de Naciones Unidas tendría que asumir un rol mediador. En su defecto el Estado llegaría a ser fallido y la crisis se generalizaría.

Coincide la conmemoración del XXV aniversario de los Acuerdos de Paz con el anuncio del presidente de la República que las Naciones Unidas respaldarán al país en el inicio de una “segunda generación de acuerdos frente a los desafíos y necesidades actuales...” informando que con el diplomático mexicano Benito Andión “estaremos llevando adelante este diálogo del que participarán todos los actores claves de nuestro país como las fuerzas políticas y sectores sociales y productivos”.

Además de reconocer el acierto de la solicitud de mediación del presidente al secretario general de las Naciones Unidas, y de la elección del embajador Andión, nos agrada que ellos hayan aceptado semejante desafío. Y lo es no solo porque la mediación y negociación deberán enfrentar la emergencia de la crisis de seguridad y fiscal que nos agobia, pero también los grandes problemas estructurales acumulados históricamente que los originaron. Porque se agotó el ordenamiento/“modelo” social, económico e institucional de la posguerra, en ausencia de visión y modelo compartido para el nuevo impulso del futuro.

El desafío es enorme. A la crisis de seguridad liderando los homicidios en el mundo se le agrega una situación fiscal con un déficit fiscal real que supera el 4% del PIB y una deuda pública que –con la inminente actualización de las cuentas nacionales– será mayor del 70% del producto interno bruto, con perspectivas de crecimiento de mediano plazo del 2% que la hacen insostenible. Consecuentemente, no solamente deberá haber acuerdos sobre la estrategia de seguridad y sus componentes, sino también sobre todos aquellos factores que inciden directamente en la crisis fiscal en ciernes y en la insostenibilidad de las finanzas públicas: 1. Ajuste fiscal 2017-2020 coincidiendo con elecciones legislativas y municipales en 2018 y presidenciales en 2019. 2. Reforma del sistema de pensiones. 3. Reforma del sistema fiscal. 4. Reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública. 5. Estrategia de transformación y crecimiento económico.

Esta última nos remite a la estrategia de competitividad sistémica que conlleva el impulso de aquellas apuestas estratégicas de inversiones donde el país tiene ventajas competitivas y potencialidades evidentes, y a la estrategia de transformación educativa vinculante. Esta es imprescindible no solo para un nuevo modelo de desarrollo sostenible y para la transformación y cohesión social requeridos para superar progresivamente la epidemia social, pero también para el impulso de nuevos liderazgos sociales y políticos de las nuevas generaciones que aseguren formas superiores de gobernabilidad democrática.

La reforma de los partidos políticos, vanguardia del atraso, eslabón más débil y origen último de los problemas diversos del sistema democrático-institucional, constituye el primer punto de su reforma, seguido del de la arquitectura institucional del Estado, con instituciones diversas que se quedaron atrasadas para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos. Se trata efectivamente de la refundación del Estado salvadoreño lo que conllevará, probablemente, algunas reformas a la Constitución salvadoreña. Esta deberá ser un instrumento para el impulso efectivo del Estado democrático y social de derecho, pero también de un Estado con visión y organización emprendedora que fomente la creación sostenible de riqueza.

Casi no hay problema y su manifestación coyuntural que no tenga origen y naturaleza estructural, mientras buena parte del liderazgo político e institucional está más preparado para comprender y actuar liderando con las manifestaciones de los problemas que con sus causas, con el muy corto plazo más que diseñando y sentando las bases de procesos y proyectos transformadores de mediano y largo plazo. Administrar los problemas de la coyuntura –que se repiten y empeoran cada vez más– y al mismo tiempo diseñar/planificar y consensuar los proyectos, procesos y resultados de mediano y largo plazo creando sólidas bases para su ejecución, deberá, en adelante, acompañar toda la acción del Estado y particularmente de sus principales funcionarios.

Los Acuerdos a impulsar ya no serán de paz, sino de Gobernabilidad y Desarrollo sin los cuales será imposible enfrentar el presente y construir el futuro. Los procesos que conduzcan a dichos acuerdos deberán involucrar a actores y liderazgos diversos no debiendo depender solo de la participación de los líderes de los dos partidos políticos principales que nos condujeron a la compleja situación que hoy enfrentamos; considerando, además, que durante los próximos dos años estarán enfrascados, sin tregua ni pausa, en las dos contiendas político-electorales.

(Continuará)

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