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El mejoramiento progresivo de los Derechos Humanos en el país es una tarea que nos debe comprometer a todos

Lo que constituye la esencia de tales Derechos es su incidencia en el vivir común, porque es ahí donde los seres humanos nos movemos constantemente.

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La tarea de preservación y promoción de los Derechos Humanos es uno de los elementos básicos para que nuestra sociedad se encamine de veras hacia una situación de normalidad plena en todos los órdenes. Y para que eso se realice en la dimensión y con la proyección debidas hay que activar todos los recursos disponibles para ello, tanto en lo nacional como en lo internacional. Al respecto, la apertura gubernamental para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda darle seguimiento a dicha temática de manera directa en nuestro país es un dato que abre perspectivas de amplio alcance. Esto no se daba desde hace 32 años; es decir, antes de que concluyera el conflicto bélico interno, y era por consiguiente hora más que sobrada para que los entes gubernamentales reconocieran que el apoyo externo por parte de organizaciones competentes no sólo era necesario sino impostergable.

Cuando se hace referencia a los Derechos Humanos siempre se da por sentado que se trata de una temática que tiene ubicación encima de los hechos cotidianos, como si lo teórico fuera más significativo que lo práctico; pero en verdad lo que constituye la esencia de tales Derechos es su incidencia en el vivir común, porque es ahí donde los seres humanos nos movemos constantemente y de manera inesquivable. En tal sentido, lo que hay que asegurar de veras y sin evasivas de ninguna índole es que el vivir y el convivir de los seres humanos –es decir, de todos nosotros sin exclusiones posibles– estén regidos y salvaguardados por la legalidad y por el sano manejo de todos los componentes vitales que se desenvuelven y actúan en el terreno de las realidades concretas.

En El Salvador, la experiencia histórica que se ha ido acumulando en el curso del tiempo deja gravísimas evidencias de que los Derechos Humanos no sólo han sido en gran medida y con notoria persistencia dejados de lado a la hora de generar acciones y reacciones políticas, económicas y sociales, sino que los comportamientos públicos en prácticamente todos los órdenes vienen estando marcados por una desatención culpable en lo referente al trato que deben recibir las personas por el hecho de ser tales, independientemente de su procedencia, de su condición y de su poder.

En este momento preciso de nuestro avance evolutivo se hace aún más apremiante poner el respeto a las personas y a sus derechos en el primer nivel de los comportamientos tanto públicos como privados, porque ahí se centra y se concentra el requisito básico para garantizar que pueda desplegarse de aquí en adelante una convivencia pacífica que se asiente en la participación ciudadana realmente funcional y motivadora de progreso en todos los órdenes de nuestra vida nacional.

Crear y fortalecer las condiciones necesarias para que dicha convivencia pueda instalarse en el ambiente no como una medida coyuntural al vaivén de las circunstancias sino como un compromiso estructural de naturaleza permanente es una tarea de incuestionable trascendencia para que la normalidad democrática se alcance a plenitud y se mantenga firme cualesquiera que fueren las contingencias y los desajustes que se puedan ir presentando en el curso del tiempo.

El aseguramiento de la paz interna y la consolidación de los esfuerzos en pro del desarrollo requieren, sin ninguna alternativa de escape, que temas como el imperio de la ley y como la vigencia inequívoca de los Derechos Humanos sean prioritarios en todas las áreas de nuestra realidad. Aquí hay, pues, un trabajo que demanda constancia y perseverancia en todo momento. Y al inicio del presente año eso hay que recalcarlo en forma continua, tenaz y eficaz.

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