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El mensaje de la Relatora de Naciones Unidas

Los vergonzosos ataques que se han venido haciendo contra la Sala de lo Constitucional han llamado la atención de Naciones Unidas. La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ha instado públicamente a que se respeten las sentencias judiciales y se garantice la independencia del sistema de justicia.
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En su exhortación, la Relatora Especial ha hecho notar que si bien el derecho a manifestarse públicamente es de naturaleza fundamental, también es cierto que las acciones que impiden el adecuado funcionamiento del poder judicial y que ponen en riesgo la seguridad e integridad física de los magistrados constituye un ataque inaceptable en contra de la independencia judicial.

Lo ocurrido no es poca cosa. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas creó en 1994 esta figura de la relatoría especial, ante los atentados a la independencia de la que con alguna frecuencia estaban siendo víctimas los magistrados y abogados.

Desde entonces, se ha considerado importante prorrogar la vigencia de esta relatoría, que entre otros, tiene como propósitos identificar y registrar los atentados a la independencia judicial, así como los progresos realizados en la protección y fortalecimiento de esa independencia. La idea es que a partir de los análisis efectuados y visitas realizadas a los países se formulen propuestas encaminadas a mejorar el sistema judicial y a dotarlo de mayor independencia.

De ahí que no puedan ser vistas de menos las declaraciones hechas por la actual Relatora, la abogada argentina Mónica Pinto. Con sus declaraciones se pone aún más en evidencia que estamos afrontando –desde las autoridades de turno– un sistemático ataque contra la independencia del Órgano Judicial y no solamente contra la Sala de lo Constitucional.

En este y otros espacios hemos venido insistiendo con el tema. Hemos dicho que la división de poderes es un orden y distribución de las funciones del Estado, por medio de la cual, la titularidad de cada una de ellas es confiada a un organismo público distinto, lo cual proporciona a la nación los frenos y contrapesos propios de una República.

Y ha sido por eso que hemos condenado los ataques a la Sala de lo Constitucional y las evidentes manipulaciones a la ciudadanía y menores de edad que con ese mismo afán han sido orquestadas. Tales actos –hemos dicho– constituyen un atentado, no solo contra la Sala de lo Constitucional, como integrante del Órgano Judicial, sino contra la misma esencia del orden constitucional producto del sistema de frenos y contrapesos.

Damos la bienvenida a las declaraciones realizadas por la Relatora Especial de Naciones Unidas y le reiteramos la petición que junto con otras instituciones hemos realizado, para que ponga especial atención a lo que está aconteciendo en nuestro país y para que en ejercicio de sus facultades, insista en su llamado a las autoridades gubernamentales para que cesen de una vez por todas con este tipo de actuaciones.

De manera más específica, el mensaje de la Relatora debe ser escuchado por la Presidencia de la República. El presidente de la República es quien de manera principal está llamado a respetar la independencia judicial; no es posible que semana tras semana tengamos que escuchar que se culpe a la Sala de lo Constitucional de los problemas de país que a todos nos preocupan.

Es hora de que cada quien asuma sus propias responsabilidades y que se tomen los remedios necesarios para corregir lo que se ha venido haciendo mal. Y una de las cosas que se ha hecho muy mal son estos ataques que internacionalmente ahora se denuncian.

Por nuestra parte, continuaremos con nuestros esfuerzos por defender la institucionalidad, por defender el imperio del derecho.

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