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El oficialismo debe detener la vorágine

Convivencia no es necesariamente armonía, y en ella caben las deficiencias, inexactitudes e injusticias antes las que las grandes mayorías siguen enfrentándose. Pero es la condición mínima necesaria para que las fuerzas políticas, económicas y sociales del país puedan dialogar, contrastar posiciones, explorar las convergencias. Si el ánimo de los poderes que imponen la agenda salvadoreña es destruir la convivencia en lugar de rescatarla, si el equilibrio es entendido como concesión y no como conquist, la democracia tiene los días contados.

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Alguien debe invitar a la paz y a la tolerancia a las fuerzas políticas, especialmente al oficialismo. La relativización de los asesinatos del domingo y de su condición de corolario de la crispada atmósfera política que sufrimos desde hace más de un año en El Salvador no pueden continuar.

Esta nación ha convivido con sus diferencias en el último cuarto de siglo; pese a que el presidente de la República insista en recrear un pacto entre ARENA y el FMLN como eje narrativo de la campaña de su partido, durante décadas esos institutos políticos protagonizaron un choque más que dialéctico alrededor de aquellos temas que a la fecha todavía mantienen dividida a la sociedad salvadoreña.

Si bien ninguno de los antecesores de Nayib Bukele como cabeza del Ejecutivo se expresó con esa virulencia, cada uno sostuvo sus choques con opositores, incluido el periodismo. Desde Alfredo Cristiani hasta Salvador Sánchez Cerén, cada quinquenio registró trances, forcejeo ideológico y tensión institucional. Una y otra vez, por balance de poderes, por activismo social o eclesial o por la presión civil, se alcanzaron los equilibrios que garantizaran la convivencia nacional.

La convivencia no es una conquista despreciable para un país que hace apenas tres décadas sufría un conflicto armado. Convivencia no es necesariamente armonía, y en ella caben las deficiencias, inexactitudes e injusticias antes las que las grandes mayorías siguen enfrentándose. Pero es la condición mínima necesaria para que las fuerzas políticas, económicas y sociales del país puedan dialogar, contrastar posiciones, explorar las convergencias. Si el ánimo de los poderes que imponen la agenda salvadoreña es destruir la convivencia en lugar de rescatarla, si el equilibrio es entendido como concesión y no como conquista, la democracia tiene los días contados.

Leído en clave guerrerista, el equilibrio nunca es satisfactorio; la visión del mundo maniquea que sustenta a movimientos de esa naturaleza no admite las diferencias y aspira a neutralizar primero y a aniquilar después cualquier disenso. Es lo que caracterizó a los movimientos totalitarios que, inevitablemente, llevaron al mundo a una confrontación global hace 80 años. Pero el equilibrio de las tensiones sociales es la condición natural a la que debe aspirar una nación, una inercia que el Estado en cuanto aparato debe garantizar y preservar. Que el gobierno de turno no lo entienda, que no aprecie al Derecho y al sistema de libertades como el marco invariable dentro del cual desarrollar primero su proyecto político y luego su administración, es pues una irregularidad funcional grave, trátese de la época y del país que sea.

Ya pasaron suficientes horas luego del asesinato de dos activistas del FMLN. Internacionalmente, los crímenes son considerados un grave signo de involución democrática en El Salvador, otro abono a la erosión de la imagen y credibilidad democrática del presidente. Cualquier otra cosa que no sea una condena unívoca del gobierno a este hecho, un respaldo a la actuación de la Fiscalía General de la República y una abstención del gabinete a mostrarse parte siquiera opinando sobre los asesinatos, sólo abonará a un mayor enrarecimiento de la convivencia.

Tener que reclamarlo cuando dos familias salvadoreñas ya perdieron a consecuencia de la intolerancia política es increíble pero penosamente necesario: la vorágine debe parar, y esto sólo ocurrirá si el mandatario hace un llamado explícito a la base de su partido y se compromete a no intervenir de ninguna manera en el trabajo del ministerio público contra los indiciados.

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