El orden institucional sólo podrá consolidarse en forma segura si todos los actores políticos se comprometen a ello

El dedicarse a la conflictividad artificiosa en vez de poner sus empeños en el ejercicio de la sana actividad constructiva viene creando fricciones y distorsiones perfectamente evitables en el manejo del quehacer político.
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El accionar político es, desde cualquier ángulo que se mire la realidad de una sociedad determinada, el factor más determinante para alcanzar un tratamiento efectivo de los problemas que están sobre el tapete en un momento determinado. Hay que dejar claro de inmediato que la política no lo es todo, aunque con gran frecuencia quiera controlarlo todo. Esto implica que la primera medida para entrar en fase de racionalización funcional consiste en ubicar a la política en el lugar que le corresponde, a fin de que las distorsiones que surgen de los intereses competitivos no sustituyan al fenómeno real, como viene sucediendo desafortunadamente en nuestro atribulado proceso modernizador.

Y tal reubicación necesaria de la política significa, en primer término, identificar sin reservas a los sujetos que intervienen en la misma. El principal de dichos sujetos es la ciudadanía; y los partidos políticos, si bien son los que más visiblemente actúan en el escenario nacional, lo hacen en plan representativo, ya que el rol que les toca en cada momento concreto depende de la responsabilidad que les vaya encargando sucesivamente la voluntad popular. Al ser así, lo que la democracia demanda es que la voz ciudadana sea la que determine el curso de los hechos políticos, mientras los partidos políticos están llamados a ponerse en línea con lo que ordena dicha voz. Dentro de tal esquema no cabe, por supuesto, ningún componente organizado que tenga vínculos de cualquier índole con el mundo de la ilegalidad y mucho menos de la criminalidad, algo que es un riesgo que se ha acrecentado entre nosotros en los tiempos más recientes de resultas de la expansión invasora del crimen organizado prácticamente en todos los espacios de la colectividad.

Los entes partidarios deben asumir sin reservas premeditadas ni justificaciones evasivas el rol que les corresponde dentro de la dinámica democrática, el cual consiste esencialmente en ejercer la representación de manera responsable y creativa. Tienen que ser los primeros en respetar el marco legal y el orden institucional, pues el buen ejemplo que se dé desde las distintas posiciones de la gestión pública es lo que más puede motivar a la ciudadanía a ganar confianza en las instituciones y a comportarse en forma congruente con los mandatos y las expectativas de la democracia en acción.

El dedicarse a la conflictividad artificiosa en vez de poner sus empeños en el ejercicio de la sana actividad constructiva viene creando fricciones y distorsiones perfectamente evitables en el manejo del quehacer político. La percepción que prevalece al respecto entre los ciudadanos es que los políticos no están respondiendo en forma satisfactoria a lo que la democracia les demanda y el interés nacional les exige, y tal percepción erosiona voluntades en perjuicio del acompañamiento participativo que se requiere para que el sistema funcione a cabalidad.

La gente desconfía de la política, pero, pese a ello, no se ha desentendido de su responsabilidad democrática básica que es preservar los balances de poder en el aparato estatal, y esto hay que reconocerlo en lo que vale. En contrapartida, los actores políticos tienen que hacer que dichos balances no sólo sean formales sino que funcionen de manera efectiva.

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