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El papel de las municipalidades en la prevención de la violencia

Ante el avance en el rubro de homicidios es momento que el Estado salvadoreño diseñe una verdadera política criminal para que con base en ella se pueda incorporar a las municipalidades en la prevención y disuasión del delito y violencia.
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Durante años he tratado de incidir y de ser escuchado que el problema de fondo de la violencia e inseguridad tiene a la base los factores criminógenos de la sociedad salvadoreña que hasta el momento no han sido atendidos, pero de igual forma hasta el momento cada uno de los 262 alcaldes del país hace y decide lo que estima conveniente con relación a la prevención de la violencia en su municipio; pasando desde “militarizar” al CAM y formar mini-Umos, la moda y competencia de las cámaras a ver qué alcalde instala las mejores y las de última generación sin tener un plan de seguridad y de monitoreo como sistema de reacción, incluso algunos portan armas de fuego visibles, porque COMURES y el FISDL están completamente ausentes, no asumen liderazgo en proponer y recomendar al Estado ya que son ellos los que verdaderamente conocen el territorio y tienen a sus verdaderos protagonistas los ciudadanos quienes tienen mucho que aportar y brindar alternativas de solución a sus necesidades. Y por otra parte los gobiernos nunca han tomado en cuenta a las municipalidades en la solución de sus problemas.

Con una política criminal como nación se facilita la labor para los alcaldes, marca rumbo, dirección y sentido, el alcalde podría nombrar a una persona dentro de la municipalidad que desarrolle funciones similares a un “alguacil” con potestades para desarrollar política criminal en el contexto de la prevención del delito; así como también desde el año 2009 he recomendado una revisión a la Ley Municipal en relación con el CAM que debe de atribuírseles mayores competencias y no “única y exclusivamente” que cuiden el patrimonio municipal. Cuantas ocasiones frente a los miembros del CAM asaltan, se cometen hurtos y otros delitos sin que tomen amparados en sus funciones municipales cuando son actos en flagrancia. Mi propuesta es que el CAM mediante una reforma de ley pueda tener mayores funciones en la prevención y disuasión del delito, que den un paso más, que velen no solo por su metro cuatro, que avancen en beneficio de sus ciudadanos. Además, pueden ejercer otras labores como regulación, orientación y otras competencias en el área del tráfico vehicular en sus municipios y utilizar a los agentes de la PNC en labores de seguridad pública donde brindarían un mayor aporte.

Los municipios en su mayoría no cuentan con observatorio de violencia si acaso cuentan con cámaras, pero sin protocolos de actuación, sin información, sin estadísticas y mucho menos análisis de lo que está aconteciendo en su municipio para gestionar ante la FGR, PNC o gobierno el apoyo necesario. Deben promover la denuncia y participación ciudadana.

Es posible mejorar la seguridad de los municipios, se requiere que los alcaldes asuman liderazgo, sean creativos y se preparen; pero el Estado salvadoreño debe reconstruir y construir el tejido social y brindar los servicios básicos a la población lo que se puede definir como la refundación social y moral, sin dejar de lado una reforma profunda a la educación, modelo económico y sistema penitenciario.
 

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