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El pecado de la CICIES fue no actuar en clave política

Con tanto dinero estadounidense y de organismos multilaterales entrando a El Salvador, la CICIES cambió lógicamente de enfoque y se abocó a los gastos del gobierno de Bukele, con aún mayor interés en un escenario de contrataciones directa sin Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Y haciendo su trabajo como correspondía, no se tardó demasiado en hacer hallazgos que, como consta en su comunicado, tienen "apariencia delictiva".

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Era previsible que la Organización de Estados Americanos respondiera luego de que el presidente salvadoreño acusó a su secretario general de actuar de manera traicionera, nombrando al exalcalde capitalino uno de sus asesores pese a tener dos procesos judiciales en curso. Pero el contenido de la respuesta publicitada ayer en el modo de un comunicado con pocos párrafos en gris merece toda la atención, y es probable que ya esté instalada como temática en las mesas de la diplomacia estadounidense.

Una primera revelación fundamental es que la Secretaría General la OEA ya le había manifestado al gobierno salvadoreño y a los donantes -y acá entra el gobierno de Joe Biden- la imposibilidad de que la Comisión Internacional contra la Impunidad continuara trabajando en El Salvador. Las principales razones detrás de ese análisis eran la Ley Alabí, sobre la cual podemos leer que fomenta "un marco de eventual impunidad"; la decisión de Bukele de no hacer público el primer informe de la CICIES sobre la calidad, efectividad y legitimidad del uso de fondos públicos en atención a la pandemia; y el boicot firmado por el gabinete y por la "nueva" Fiscalía General de la República a las investigaciones.

Detrás de esa fuerza que no es sino la voluntad del Estado en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, hay una acusación puntual: Bukele inducía a la CICIES a investigar exclusivamente a los políticos ahora opositores.

Tristemente, debe reconocerse que no hay nada sorpresivo en estas revelaciones. Es que desde que eran fórmula electoral, Bukele y Félix Ulloa describían una institución que haría investigación forense de la corrupción de los gobiernos de ARENA y del FMLN pero que en lo tocante a la nueva administración sería como una Secretaría de Transparencia, con pocos dientes y con cerrojos poderosos en todos los lugares en los que podría husmear, empezando con el Organismo de Inteligencia del Estado y con los gastos de Casa Presidencial.

Por si acaso, temiendo un exceso de iniciativa de parte del personal internacional de la CICIES, el gobierno metió sus tentáculos en la operación a través de varios cuadros domésticos de la Misión. Además, creyó que algunos conflictos de interés de algunos de los funcionarios bastarían para tener a raya a la Misión, e incluso ocuparla como uno de sus filones de ataque a los adversarios políticos. Pero la pandemia echó al traste el escenario.

Con tanto dinero estadounidense y de organismos multilaterales entrando a El Salvador, la CICIES cambió lógicamente de enfoque y se abocó a los gastos del gobierno de Bukele, con aún mayor interés en un escenario de contrataciones directas sin Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Y haciendo su trabajo como correspondía, no se tardó demasiado en hacer hallazgos que, como consta en su comunicado, tienen "apariencia delictiva".

El desmantelamiento de la independencia judicial emprendido por Bukele y firmado por sus pasapapeles de la Asamblea Legislativa tuvo como uno de sus objetivos borrar los rastros de esas investigaciones. Y según el mandatario, la asociación de la Misión con el malogrado exalcalde capitalino, esta última por motivos que el secretario de la OEA no ha justificado, bastarían para darle punto final a esa narrativa: en lugar de permitir que la CICIES se fuese del país denunciando el bloqueo gubernamental y la corrupción de su gabinete, él la "echó" por propiciar la impunidad. Los pájaros disparándole a las escopetas.

Pero la divulgación del informe es el verdadero temor de Bukele. Y parece inevitable que su contenido se haga público, lo último y único que la Misión puede hacer en este momento para ayudarle a El Salvador. Y no será poca cosa, poniendo contra la pared al Estado de derecho y orden institucional de plastilina que tenemos desde el 1 de mayo.

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