El perfil de nuestros candidatos

En medio de todo el lío que se ha armado por no tener a esta fecha datos oficiales de las elecciones legislativas, municipales y del Parlamento Centroamericano, poco espacio ha quedado para detenernos a meditar sobre “las otras elecciones”. Nos referimos a las elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y consejales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), cuya trascendencia ya hemos destacado en reiteradas oportunidades.
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De acuerdo con nuestra Constitución, los magistrados de la Corte deben ser elegidos por la Asamblea Legislativa de entre los candidatos que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). También se establece que de la lista de elegibles que presente el CNJ, la mitad de los candidatos tiene que provenir de las entidades representativas de los abogados, donde tienen que estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.

El proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia se ha configurado de forma tal que cada tres años deben ser elegidos 5 nuevos magistrados propietarios y 5 nuevos magistrados suplentes, lo que a su vez significa que el CNJ debe presentar cada tres años a la Asamblea Legislativa una lista de 30 elegibles; la mitad de los cuales provendrán de un listado que proporcionen las asociaciones de abogados.

Para que por su parte las asociaciones puedan presentar ese listado al CNJ, debe existir un proceso de elección en que estas presenten sus propios candidatos, para que el gremio de abogados pueda elegir a quienes consideran que cumplen con los requisitos necesarios para ser magistrados. La administración de este proceso de elección le corresponde a la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES).

Esta vez FEDAES ha señalado el día 28 de marzo del presente año para la realización de las elecciones, tanto de candidatos a magistrados como de consejales del CNJ.

Y es por eso que nos parece oportuno recordar que para ser magistrado de la Corte, nuestra Constitución ya establece cuál debe ser el perfil de estos profesionales, al exigir ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, y de moralidad y competencia notoria. A esto se agrega como requisito indispensable haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante al menos seis años, o una judicatura de primera instancia durante al menos nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección.

Nuestra jurisprudencia constitucional ha contribuido a dejar aún más claro cuál debe ser el perfil de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al explicar que los requisitos de moralidad y competencia notoria se traducen en asegurar en los magistrados la probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia y rectitud requeridas para desempeñar con dignidad la investidura, así como la cualificación técnica y profesional –empírica o académica– requeridas para el idóneo desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo o empleo. Aún más, la Sala de lo Constitucional ha resuelto ya en varios casos, que la independencia de los magistrados implica no solo separación de los diversos órganos e instituciones, sino también de los partidos políticos.

El CEJ ha tomado en cuenta todas estas exigencias y es así que propone como candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia a los jueces de primera instancia en materia civil y mercantil Saúl Morales y Ana María Cordón; al actual comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública Jaime Campos; y a la reconocida especialista en derecho administrativo Dafne Sánchez. Estamos plenamente convencidos de que estamos presentando las mejores propuestas y estamos seguros de que el gremio de abogados nos dará la razón al elegirles este próximo 28 de marzo; esperamos por supuesto, una participación masiva del gremio.

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