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El poder pandilleril

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Jaime Ramírez Ortega

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Es de aplaudir la valentía que ha tenido el fiscal general, Raúl Melara, en presentar en primer lugar un proceso de antejuicio ante la Asamblea Legislativa, para desaforar al diputado Norman Quijano, y en segundo lugar por la presentación del requerimiento fiscal, donde se acusa por "fraude electoral "y "agrupaciones ilícitas" a las siguientes personas: al alcalde de San Salvador, al exdiputado del FMLN Benito Lara, al exalcalde de Ilopango Salvador Ruano por ARENA, del cual se ha pedido sobreseimiento por haber fallecido; así mismo se acusó a Paolo Lüers, a Raúl Mijango y al exministro de Gobernación Arístides Valencia.

Creo que una buena parte de la población salvadoreña ha tenido la oportunidad de ver y escuchar los videos, además de leer alguna porción de la acusación que ha presentado el señor fiscal general, en la cual se dan una serie de detalles de la conversación entre estos políticos, ciudadanos y pandilleros, en la que deja entrever ofrecimiento de dinero, explicaciones a pandilleros, que la política de represión a criminales solo son spot publicitarios, pero en realidad no habría persecución ni represión pandilleril, así como un ofrecimiento de levantar las medidas extraordinarias de los diferentes centros penales.

En síntesis, de ser cierto estos señalamientos de parte de la Fiscalía, estaríamos frente a una hecatombe, de proporción gigantesca que no solo involucra a partidos políticos en pacto con criminales, sino a ciudadanos que teníamos por decentes. Ahora bien, todos los señalados en la acusación gozan de la presunción de inocencia, de manera que será un juez quien determine su culpabilidad o inocencia, por lo tanto, no le corresponde a ningún ciudadano determinar si son o no culpables, para ello debemos esperar que el sistema de justicia se porte a la altura, y que no se siga aplicando una justicia selectiva, donde solo funciona para el descalzo.

Tampoco le corresponde al ciudadano presidente adjudicarse "per se" la potestad de condenar y maldecir mil veces a sus adversarios políticos, la bendición y la maldición es un monopolio exclusivo del Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, y menos si dos funcionarios de su administración también han sido señalados por pactar presuntamente con pandillas, según noticia publicada por el periódico digital El Faro, efectuada por Carlos Martínez, y publicada el 29 de junio de 2018, en la que se deja entrever que, para ejecutar proyectos en la capital, presuntamente se negoció con las pandillas quienes tenían poder de decisión en la asignación de algunos puestos del mercado Cuscatlán.

En las investigaciones por medio de actas policiales, se ha señalado al ahora director de Reconstrucción del Tejido Social y el ministro de Gobernación, en consecuencia, será la Fiscalía General que en su momento decidirá cómo realizar esta investigación y naturalmente del resto de personas que han tenido contacto o enlace con estos grupos criminales, como el famoso Padre Toño, el exministro de Defensa, y quizás más de algún pastor que sacó provecho de este tipo de actividades criminales, de modo que el brazo de la ley alcance a todos aquellos que pactaron con pandillas a cambio de votos.

Todos sabemos que ese intercambio costó la sangre de miles de compatriotas inocentes, que fueron extorsionados, amenazados y asesinados brutalmente, todo por satisfacer intereses electores, de algunos políticos que perdieron sus principios, y le dieron paso a la miseria humana, como lo es la ambición del poder, y la acumulación de la riqueza que proviene del Estado. "Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; mas cuando domina el impío, el pueblo gime" (Proverbios 29:2).

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