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El presidente ha lanzado formalmente la cicies, y hoy toca esperar su desempeño para saber qué resultará

Como ha sido siempre nuestra línea de valoración, no hacemos juicios definitivos antes de que los hechos se manifiesten en todas sus dimensiones.

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El pasado viernes el Presidente de la República puso en marcha el mecanismo de funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), inmediatamente después de suscribirse al respecto una carta de entendimiento con la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este hecho viene a poner en práctica un ofrecimiento que el Presidente hiciera durante su campaña electoral y que fue reiterado después de su victoria en las urnas, poniéndose como meta hacerlo dentro de los primeros 100 días de gestión. Desde un inicio tal iniciativa fue, como era de preverse, altamente polémica, y se han dado muchas voces con argumentos muy contrapuestos. Ahora viene la hora de las verdades en los hechos, y ahí se verá y se probará la suerte de tal iniciativa.

El haber evadido la aprobación legislativa es uno de los puntos más cuestionados, pues la dependencia directa del Ejecutivo despierta muchos recelos e inquietudes. Según expresó el Mandatario al lanzarla, diversas instituciones de dicho Órgano actuarán como brazos articulados en la investigación de casos de corrupción que vienen realizándose en el ámbito público; y habrá también una mesa técnica que se ha constituido de inmediato. Según se anuncia, lo primero será investigar actividades corruptas que puedan haberse dado en 105 instituciones del área ejecutiva. Y, por otra parte, el Presidente aseguró en su anuncio inicial que dicha Comisión no será una oficina de Casa Presidencial y tendrá "carácter efectivo, autónomo, neutral y trasparente", agregando que "la garantía (de la autonomía e independencia) la va a dar la Organización de Estados Americanos. Es decir, no va a ser utilizada para persecución política".

Esto último es una de las preocupaciones principales que han surgido en el ambiente, porque justamente uno de los riesgos más resaltantes en este tipo de entidades es la parcialidad, como se ha visto en casos de Comisiones de la misma índole instaladas en nuestros países vecinos. En Guatemala ya dejó de existir la CICIG, que tenía el apoyo directo de la ONU, con muchos cuestionamientos acumulados. Y lo que se ha dado en Honduras está rodeado de grandes dudas. Todo eso debe servir en nuestro país para poner nuestras barbas en remojo.

Así como está constituida, la CICIES queda prácticamente reducida al ámbito Ejecutivo, y por eso ya se anunció la búsqueda de acuerdos con otros Órganos y Entidades del Estado, para extender el campo de acción. Y todo ello tendrá que hacerse teniendo inequívocamente en cuenta lo que establece la Constitución de la República sobre el punto concreto de la investigación del delito. En su artículo 193 inciso 3º., la Carta Magna establece que corresponde al Fiscal General de la República "Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley". Y esta es un atribución que en todo momento y circunstancia debe ser salvaguardada. Es preciso, entonces, actuar con mucho cuidado para lograr el fortalecimiento de la investigación con los apoyos que se hagan factibles, sin desvirtuar en ningún sentido la esencia de la disposición.

Como ha sido siempre nuestra línea de valoración, no hacemos juicios definitivos antes de que los hechos se manifiesten en todas sus dimensiones; y, en este caso, entonces, hay que ir siguiendo muy atentamente el curso de los acontecimientos, para juzgarlos en concreto. Y es más que oportuno señalar que en nuestro país no basta con perseguir efectivamente cualquier forma de impunidad y de corrupción: lo que se impone, de modo complementario, es impulsar una cruzada en pro de la moralidad, de la probidad y de la corrección, en todos los ámbitos de la vida nacional, para que haya un saneamiento generalizado y permanente.

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