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El prevaricato, ¿es lavado de dinero?

En El Salvador, 2017 fue un año marcado por controvertidos fallos judiciales en casos de corrupción muy sonados por el delito de lavado de dinero en sus diferentes facetas. Por ejemplo, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador absolvió a José Misael Cisneros, conocido como “Medio Millón”, acusado por la Fiscalía de dicho delito, por más de 43 millones de dólares.

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Walter Morales / Coordinador de Consultorías

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Asimismo, se destacan otros casos como el de Chepe Diablo y Saca en los que hubo admisión de fianzas, cuando el artículo 27 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y su Reglamento establece: “Los detenidos provisionalmente por el delito de Lavado de Dinero y de Activos no gozarán del beneficio de sustitución por otra medida cautelar”.

Esto lleva a hacerse las siguientes interrogantes: ¿Los jueces actúan de manera deliberada o desconocen la Ley Contra el Lavado de Dinero?, ¿es necesario capacitarlos?, porque esta es clara para analizar y fallar apegados a la misma.

En el artículo 6 de la misma se dicta que estarán sometidos a esta todas actividades delictivas generadoras de lavado de dinero, y de manera especial en lo que fuere aplicable, entre otros, el delito de prevaricato y todo acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de actividades ilícitas.

Y es el prevaricato el punto a destacar en los casos antes mencionados, porque tal y como lo dice la Real Academia Española, la prevaricación es el delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicta a sabiendas una resolución injusta o cuestionable. En este sentido, es necesario que haya una investigación sobre este, porque el prevaricato también es considerado como lavado de dinero.

Además, el artículo 310 del Código Penal decreta: “El juez que a sabiendas dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o por soborno, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial del cargo por igual tiempo. Si la sentencia fuere condenatoria, en proceso penal, la sanción será de tres a diez años de prisión”.

Por lo anterior, es necesario que la Fiscalía General de la República ejerza funciones y siga con las investigaciones, porque es su obligación, y al no hacerlo también estaría cometiendo una falta al artículo 311 del Código Penal que dicta: “El funcionario que se negare a promover la investigación de un hecho delictivo del que tenga noticia en razón de sus funciones, será sancionado con prisión de tres a cinco años, en todos estos casos además se impondrá, inhabilitación especial del cargo por el mismo tiempo”.

Es importante además que la población salvadoreña se informe sobre el delito de prevaricato y haga las denuncias respectivas, porque como ya he explicado en artículos anteriores, detrás de un corrupto siempre hay un corruptor, y si queremos iniciar con un cambio genuino 2018 y mostrar una mejor sociedad, tenemos que empezar a conocer las leyes, en este caso la Ley de Lavado de Dinero y Activos, y a través del conocimiento detener desde nuestros espacios la corrupción, que en 2017 parece haber ganado terreno, es el momento de hacer nuestra parte.

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