El problema fiscal de las pensiones

Se ha dicho mucho sobre la carga que implican las pensiones sobre las finanzas públicas. Se sabe que después de las elecciones se harán reformas al sistema de retiro. El país dedica 2 % del PIB a pagar las pensiones del viejo sistema, obligaciones heredadas del paso que se hizo del sistema de reparto al sistema de cuenta individual en 1998 y de reformas posteriores.
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El déficit fiscal sin duda sería menor sin ese gasto en pensiones. Pero esto no implica nada, como decir que sin gasto en educación ya no habría déficit no implica que no hay que gastar en educación. La seguridad social es un derecho, reconocido en la legislación salvadoreña y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Una posible salida al problema fiscal de las pensiones es volver al sistema de reparto. Esta no es buena idea pues ese sistema, dependiente de la dinámica demográfica y de los beneficios prometidos, genera insostenibilidad en el largo plazo. A medida baja el número de personas cotizantes y sube el de jubilados, los sistemas de reparto no se sostienen. Sería una solución del tipo “pan para hoy, hambre para mañana”.

Se requiere de una solución viable. Esta pasa por un compromiso donde todos aceptan una cuota de sacrificio. Los recursos fiscales no pueden dejar de ser asignados para cumplir con la promesa hecha a las personas jubiladas, si bien algunos moderados recortes o reducción en las tasas de ajuste pueden ser contemplados. La edad de jubilación y otros requisitos deben ser aumentados, para equipararlas a las de otros países de la región y disminuir las obligaciones futuras.

Aun así el sistema de pensiones salvadoreño no estará bien. Hay principios fundamentales que los sistemas de pensiones deben satisfacer: la universalidad, la integridad, la solidaridad, etcétera. La falta de cobertura es un problema grave, pues solo cerca de 20 % de los afiliados cotiza. La baja cobertura es consecuencia de la informalidad, y el que los fondos de retiro no permitan garantizar una pensión es culpa de varios factores, entre ellos los bajos salarios que implican bajos aportes y la baja rentabilidad de los fondos de pensiones. Nuestro sistema es además poco solidario, apenas con una garantía de pensión mínima a la que muchos no accederán.

En términos globales, el sistema de seguridad social en El Salvador es un fracaso porque no ha logrado llegar a la mayor parte de la población. Mientras tengamos una economía altamente informal, la universalidad parece una meta inalcanzable. Y sin embargo, se pueden hacer cosas para mejorar al sistema: haciendo más fácil la cotización para los informales, persiguiendo la evasión de la obligación de cotizar, pero sobre todo, haciendo más atractivo el sistema, al ofrecer mejor rentabilidad y mayor posibilidad de tener derecho a una pensión al momento del retiro.

La institucionalidad creada en 1998 fue copiada del modelo chileno y pensada para un mercado laboral formal, donde el número de afiliados fuera grande y las AFP compitieran entre sí buscando la mejor rentabilidad. En la práctica, tenemos un mercado informal, con AFP atadas de manos en sus posibilidades de inversión, con un gobierno que recurrió en 2006 al recurso más fácil de secuestrar los fondos de pensiones para financiarse a bajo costo. El resultado, muy pocos tendrán una pensión, y menos una pensión digna. Necesitamos que la discusión sobre el déficit fiscal no opaque lo más importante, que es buscar un sistema que proteja a todas las personas en el momento de la jubilación.

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