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El procedimiento abreviado

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Centro de Estudios Jurídicos

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Desde 1998 se introdujo en El Salvador el procedimiento abreviado en los juicios penales, el cual permite a un procesado confesar su delito a cambio de una menor pena. Como en muchos otros países, esta figura tenía como propósito contribuir con la administración de justicia, al evitar costos innecesarios y agilizar los tiempos en los procesos. Además, la utilización de esta herramienta permitiría generar certeza en el establecimiento de las penas, ya que nunca nadie puede garantizar el resultado de un juicio y contribuiría a la reparación de las víctimas.

Cabe hacer notar que acudir a un proceso abreviado implica, a grandes rasgos, asegurar la imposición de una pena reducida, contra la confesión o reconocimiento de culpabilidad que realice el imputado. También cabe destacar que ello no significa que deba renunciarse a perseguir la responsabilidad civil o incluso a hacer uso de la Ley de Extinción de Dominio si se cumplen los presupuestos para ello.

Poco se había conocido y discutido sobre los procedimientos abreviados, bastante utilizados en nuestro sistema de justicia, hasta que trascendió su utilización en uno de los juicios penales seguidos contra el expresidente Saca. Entonces surgieron muchas voces críticas que cuestionaron a la FGR por acudir a esta alternativa. Esta discusión ha resurgido ante la posibilidad –aparentemente ya descartada– de utilizar esa herramienta en el juicio seguido contra la señora Ana Ligia de Saca y en otro juicio que se sigue al expresidente Saca por sobornar a una empleada judicial.

Hace unos días se supo de una iniciativa de ley en la que se propone eliminar la alternativa de los procedimientos abreviados en todos los futuros casos relacionados con delitos de corrupción. En ese contexto, partimos por recibir con beneplácito la discusión que a partir de ahora debe realizarse sobre esta figura, pero desde ya hacemos un enfático llamado a reflexionar adecuadamente sobre los pros y contras de los procedimientos abreviados y concretamente sobre su aplicación a los delitos de corrupción.

Una propuesta como la presentada debe tomar en consideración varios factores: el complejo entramado de los delitos de corrupción, la dificultad probatoria, la carencia de tecnología, las limitaciones presupuestarias y de recurso humano de la FGR, la corrupción en el Órgano Judicial y hasta los tiempos promedio que toman estos juicios hasta su conclusión.

Eliminar de tajo los procedimientos abreviados en los casos de delitos de corrupción, sin una adecuada reflexión, puede generar un mal mayor al que se pretende eliminar. Esto no significa que no debamos a entrar a revisar la figura y analizar limitar de mejor forma su ámbito de aplicación ante este tipo de casos.

Nos parece apropiado identificar con mayor precisión cuáles son los casos en los que puede aplicarse, así como dotar el proceso de mayor transparencia para que las actuaciones de la FGR en las negociaciones con los imputados estén apegadas a Derecho; también es apropiado revisar las reducciones de las penas para que no se llegue a despropósitos como negociar una condena a servicios de utilidad pública en casos de corrupción.

Los procesos abreviados han sido desde hace varios años y en muchos países, ahora incluyendo el nuestro, una alternativa legítima en el combate a la corrupción. Bienvenida la discusión, siempre que se haga con profundo tecnicismo y reflexión.

Tags:

  • procedimiento abreviado
  • Saca
  • corrupción
  • FGR

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