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Los poderes político y económico se están preparando para hacerle frente a la difícil situación que ellos mismos han creado a lo largo de varias décadas. Las cúpulas partidarias y empresariales agotaron el “oxígeno” que dieron los Acuerdos de Paz (1992-2016). Ahora, El Salvador vive una crisis múltiple (violencia delincuencial, falta de trabajo decente, desarraigo, desencanto ciudadano, lento crecimiento económico, elevado endeudamiento e iliquidez), la cual es más complicada que el conflicto bélico del siglo XX.
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Este artículo subraya la inconveniencia de seguir en la ruta de la polarización ideológica y depositando el destino del país en manos de dirigentes y burócratas partidarios. En este sentido y de consolidarse la tendencia actual, el próximo capítulo de la vida nacional puede expresarse en los siguientes cinco aspectos del ciclo 2016-2019.

Aspecto 1. La violencia política (1980-1991) tuvo más costos que beneficios y los tomadores de decisión han conducido erradamente al país en el período 1992-2016. Prueba de ello es la crisis múltiple que vive El Salvador y el ajuste fiscal de un mil doscientos millones de dólares que están por aprobar los órganos Ejecutivo y Legislativo para solventar dificultades inmediatas. Esta medida significará reducir los gastos y aumentar los ingresos públicos. Es decir, los servicios públicos seguirán siendo deficientes para las poblaciones más vulnerables y la llamada “clase media” pagará más impuestos y disminuirá su presupuesto familiar.

Aspecto 2. Lo más probable es que el acuerdo inter-partidario sea aprobar el ajuste fiscal sin construir un Plan de País. Luego de “apagar el incendio” iniciaría una intensa campaña electoral. En otras palabras, el pacto fiscal solo serviría para darle liquidez al gobierno y postergaría los problemas financieros para después de las elecciones de 2018 y 2019.

Aspecto 3. Las medidas para reprimir las extorsiones, el cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y el impacto social del ajuste fiscal acapararán el interés de la opinión pública en el corto plazo. Estos hechos es probable que generen una atmósfera ruidosa y capten la atención nacional mientras el poder político continúa con el reparto partidario de organizaciones gubernamentales (Corte de Cuentas, CNJ y otras).

Aspecto 4. En un ambiente conspirador, polarizado y electoral, es de suponer que el poder político esté trabajando ingeniosamente para elegir en 2018 a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Consecuentemente, la sociedad civil tiene el reto de destacar el yerro de la partidocracia y la conveniencia de la independencia de los órganos de Gobierno.

Aspecto 5. Hay factores externos que agravan la crisis. La trilogía antidemocrática (corrupción, impunidad y criminalidad) tiene una fuerte vinculación internacional. Por ello, las estrategias regionales contra el crimen organizado exigen la aplicación de la ley y una mayor participación ciudadana para lograr una gestión pública más transparente y efectiva.

Conclusión: el próximo capítulo tratará sobre las acciones encaminadas a frenar las extorsiones, superar la crisis fiscal, nombrar a los magistrados de la CSJ y elegir alcaldes, diputados y presidente. Este escenario sugiere que habrá más operaciones policíaco-militares, un ajuste fiscal sin Plan de País, un espinoso nombramiento de la Sala de lo Constitucional en 2018 y una recia contienda electoral en 2018 y 2019. De ser así, la economía no despegará y no habrá solución duradera.

Tags:

  • acuerdo de paz
  • crecimiento
  • iliquidez
  • interpartidaria

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