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El proyecto de nuevo régimen de excepción sigue siendo deficiente

La limitación de derechos de las personas solo puede ser autorizada por la Asamblea Legislativa, cumpliendo con todos los requisitos constitucionales.

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el imperio del derecho

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El Centro de Estudios Jurídicos fue invitado por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para brindar su análisis jurídico sobre la solicitud realizada por el Órgano Ejecutivo de decretar un nuevo régimen de excepción. Este llamado coincidió con la conmemoración del "Día del Abogado", y no hay mejor forma de celebrar esta profesión que defendiendo la Constitución de la República.

Tras analizar el proyecto de régimen de excepción presentado, se advierte que en dicho texto no se consideraron las violaciones a los derechos fundamentales y la emisión de actos arbitrarios ocurrido bajo el régimen anterior. El Ejecutivo debe rendir cuentas de los abusos cometidos y de los logros obtenidos, si los hubiere, con esas medidas ya implementadas.

En primer lugar, la crisis que está sufriendo el país debido a la pandemia por covid-19 es sanitaria y médica. No se trata de una guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe o graves perturbaciones al orden público, que son otros de los motivos por los cuales se puede invocar el artículo 29 de la Constitución. Por ello, se trata de un problema sanitario que debe ser administrado y corregido por expertos técnicos en salud pública y medicina, basado en datos verídicos y objetivos del fenómeno epidemiológico. Sin embargo, la propuesta del Órgano Ejecutivo le da prevalencia al uso de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil e incluso el Cuerpo de Agentes Municipales, lo cual no es el enfoque apropiado.

Se insiste en que la pandemia por covid-19 es una crisis sanitaria, donde los datos y análisis técnicos deben prevalecer. Esta es una crisis que los abogados trataremos de trasladar al ámbito jurídico y lenguaje jurídico; pero no al revés, los abogados no le pueden decir a los médicos y especialistas sanitarios qué hacer. Es primordial incluir urgentemente un elemento que no está presente en el proyecto: una adecuada educación ciudadana preventiva.

Además, persiste la falta de información fiable en diversos ámbitos que inciden en la crisis sanitaria: no existen, hoy por hoy, datos objetivos y creíbles de la infección y de la expansión de la pandemia, tampoco de la capacidad que tiene el sistema hospitalario, ni del recurso humano para atender la emergencia, y mucho menos, de la manera en que se están administrando los fondos públicos en esta emergencia. Las compras con sobreprecio y la participación de funcionarios de forma irregular en la venta de insumos al Estado que ha sido desvelada por los medios de comunicación son una muestra de tal opacidad.

En el proyecto se mantiene la deficiente regulación en cuanto a la reserva de ley. La limitación de derechos de las personas solo puede ser autorizada por la Asamblea Legislativa, cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y no puede delegarse o dejarse a criterio del Ministerio de Salud.

El aislamiento por sí mismo no es la solución. No es una cura. El Gobierno desperdició los primeros 90 días de cuarentena, no equipó adecuadamente hospitales ni al personal sanitario. El virus seguirá y el Estado es el primer responsable de educar a la población. Por último, la política, la campaña electoral adelantada de los funcionarios del Ejecutivo, no puede influir en el tratamiento de la pandemia. Permitir eso es inhumano además de ser una ilegal campaña adelantada.

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