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El proyecto de reforma integral de la Ley de la Corte de Cuentas. Sin zonas exentas de control

La historia marca importantes precedentes indicativos de que las actitudes reacias a la crítica, pero sobre todo las de renuencia al cambio, no deben ser parte de la conducta de los servidores públicos, quienes bajo un pensamiento estratégico podemos convertir todo comentario en oportunidades de autoevaluación y análisis, que pueden ser el punto de inflexión para tomar acciones propositivas que promuevan buenos cambios.

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Carmen Elena Rivas Landaverde

Carmen Elena Rivas Landaverde

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La vinculación positiva del Principio de Legalidad establecido en el art. 86 inc. 3º de nuestra Constitución habilita al funcionario público a realizar únicamente todo aquello que está expresamente regulado en la ley –y por supuesto a la Constitución–, contrario a lo que ocurre con los particulares, quienes de conformidad con el art. 8 de la citada Carta Magna, pueden realizar todo aquello que no les está prohibido (vinculación negativa), garantizándose así su derecho fundamental a la libertad.

Por ello, las demandas de los salvadoreños en materia de fiscalización gubernamental pueden satisfacerse conforme la legislación lo permite, lo cual no sugiere en ningún momento que las funciones no estén siendo ejercidas en apego a los principios de eficiencia y eficacia de la Administración Pública, los cuales se ponen en práctica cotidianamente. Ahora, la pregunta es: ¿debemos asumir un rol pasivo ante las zonas pendientes de regulación? La respuesta es NO.

Si bien el art. 133 de la Constitución determina quiénes tienen la exclusividad de dar iniciativa a las leyes, ello no limita a los aplicadores de la norma a brindar su criterio técnico. La Ley de la Corte de Cuentas es la herramienta en que se fundamenta el quehacer diario sobre fiscalización, por lo que sus aplicadores somos quienes conocemos sus falencias, las cuales ciertamente conectan con el clamor ciudadano en materia de transparencia, especialmente con las zonas exentas de control.

De acuerdo con la configuración actual, no existen mayores facultades de la Corte respecto al sector privado y particulares en general, a quienes es necesario controlar de mejor manera en cuanto a las asignaciones o participaciones que les otorgue el Estado, asegurando que las mismas converjan con la consecución del bien común perseguido por el mismo.

En el Proyecto Integral de Reforma del citado cuerpo normativo, sugerimos modificar el respectivo art. 3 LCCR, sustituyendo el concepto de Jurisdicción de la Corte por Ámbito de Fiscalización, ya que la redacción del artículo vigente no se refiere a aspectos de jurisdicción propiamente dichos, sino al ámbito de aplicación de las funciones de fiscalización de la Corte; la ampliación de facultades reside en el alcance a los terceros que por cualquier vía reciban y administren recursos públicos, agregándose fideicomisos, subsidios, comodatos, concesiones y cualquier otro mecanismo de administración de fondos y bienes públicos.

Además, se incluye dentro del ámbito de fiscalización a las sociedades, asociaciones, fundaciones y cualquier otro ente que surja de algún mecanismo de asociatividad en donde haya participación de fondos públicos en su capital accionario, patrimonial o de administración. Asimismo, se propone verificar el cumplimiento de los fines y objetivos por los cuales fueron otorgados los recursos a los entes privados, ya que en la actualidad el control de la CCR se limita únicamente al ejercicio en que se haya efectuado un aporte o concesión y al monto de los mismos, sin entrar a verificar el cumplimiento de su finalidad.

Buscaremos el apoyo correspondiente para lograr que la CCR no tenga obstáculos para controlar los recursos públicos del Estado, en beneficio de las y los salvadoreños.

Tags:

  • servidores públicos
  • Principio de Legalidad
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