El que la ciudadanía viva con miedo y con angustia por la inseguridad imperante debe ser la principal razón para combatirla de manera frontal

Es de esperar que los movimientos institucionales que se han producido tanto en el ámbito de la Seguridad Pública como en el campo fiscal traigan consigo la señal de que se les va a entrar a fondo a los complicadísimos problemas existentes.
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Hasta la fecha, las iniciativas y planes puestos en marcha para darle tratamiento a la situación delincuencial que azota al país no parecen tener la incidencia ni la suficiencia necesarias para empezar a revertir el fenómeno depredador. Según mediciones de opinión recientes, planes como El Salvador Seguro y estructuras como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia no despiertan la necesaria credibilidad en el sentir ciudadano; y es que en tal apreciación de seguro tiene gran influencia el hecho de que ha venido habiendo una gran cantidad de medidas que aparecen con bombo y platillo y luego se disuelven en la inocuidad, no porque sean malas en sí, sino porque no tienen la capacidad integradora de esfuerzos que se requeriría para pasar de lo propuesto a lo actuante.

Los datos que arroja la periódica expresión de la opinión ciudadana no pueden ser casuales, porque además aparecen, con variaciones más bien de detalle, en encuestas de la más variada procedencia. Y el hecho de que las percepciones básicamente se repitan debería ser un factor determinante de renovaciones consistentes y coherentes tanto en el punto de lo que se propone como en la ruta de lo que se pone en práctica. Lo que no se puede ni se debe es continuar en esta especie de limbo asfixiante, en el que todo puede pasar, con el agravante de que casi siempre pasa lo indeseable, como la experiencia viene demostrando.

Una de las tareas más importantes por hacer, si no la más importante, consiste en recuperar la normalidad cotidiana, en la que tanto los individuos como las organizaciones y las instituciones puedan desarrollar todas sus funciones y potencialidades de manera fluida, natural y constructiva, sin ninguna interferencia abusiva de los factores disociadores que hoy circulan como Pedro por su casa en todos los niveles del quehacer nacional. En este sentido, la situación que actualmente se vive no tiene precedentes ni siquiera en las circunstancias y momentos más conflictivos del pasado. Esto habría que dimensionarlo en sus variados impactos, para poder, a partir de ahí, desplegar las correcciones que la misma realidad vaya exigiendo.

Lo que preocupa es que en los distintos focos dirigenciales del país no se manifieste una percepción verdaderamente comprometida con la normalización nacional en el estricto sentido del término. Es como si existiera, bien arraigada, una disociación persistente entre lo que ocurre de veras y lo que los encargados de conducir el proceso aceptan que ocurre. Sin embargo, lo que se evidencia con nitidez cada vez mayor en el ambiente es la necesidad de salir de los esquemas determinados bien por intereses específicos o bien por aferramientos ideológicos.

Cuando hablamos de inseguridad nos referimos a una amplia gama de situaciones, que van desde la inseguridad personal hasta la inseguridad política, pasando por la inseguridad económica y la inseguridad ambiental. El reto, pues, es complejo y de proporciones amplísimas. No se puede despachar con declaraciones de ocasión ni con procedimientos limitados a lo inmediato. Lo que hay que hacer es despojarse de parcialismos y asumir el compromiso tal como se presenta.

Es de esperar que los movimientos institucionales que se han producido tanto en el ámbito de la Seguridad Pública como en el campo fiscal traigan consigo la señal de que se les va a entrar a fondo a los complicadísimos problemas que atañen a dichas áreas. Esto ya no admite ninguna demora.

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