El requisito de transparencia es cada vez más indispensable para la credibilidad y la estabilidad

Casos como el del SITRAMSS grafican exactamente lo que ocurre cuando los proyectos, sobre todo aquellos de más trascendencia en el ambiente, se definen y se impulsan de manera políticamente sesgada.
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La situación actual del país está cada vez más sobrecargada de dificultades y de complicaciones, y con perspectivas de hacerse día a día más incontrolable si no se entra cuanto antes en una dinámica de ordenamientos que posibiliten las soluciones que cada caso requiere. Uno de los factores claves para ir encauzando el quehacer estatal por la ruta de un sano desempeño es la transparencia en todas las decisiones y las acciones que se vayan poniendo en práctica. Sin que dicha transparencia se manifieste en la magnitud y en la amplitud requeridas no es factible generar los espacios en que se puedan desplegar acercamientos y consensos que son tan urgentes en la línea de la sana convivencia y del desarrollo integral.

Casos como el del SITRAMSS grafican exactamente lo que ocurre cuando los proyectos, sobre todo aquellos de más trascendencia en el ambiente, se definen y se impulsan de manera políticamente sesgada. Y eso se enreda todavía más en un escenario electoral tan intenso como el que venimos viviendo desde hace varios meses de cara a los comicios legislativos y municipales del ya inminente 1 de marzo. Modernizar un servicio tan distorsionado como es el del transporte público constituye una tarea de alta sensibilidad en todo sentido, y sobre todo porque tal servicio es vital para gran parte de la población y por eso mismo habría que tratarlo con plena responsabilidad, con inequívoco sentido de eficiencia y de la manera más transparente posible.

Otro asunto que es de la máxima importancia es el que abarca todo lo que se refiere al ámbito de la seguridad ciudadana, en el que hoy campean trastornos de gravísimo impacto tanto para la ciudadanía en general como para la institucionalidad encargada. El crimen organizado y las estructuras pandilleriles han venido ganando terreno, hasta el punto que ya controlan territorios de manera cada vez más desfachatada. Para el caso, el hecho de que los partidos políticos en campaña tengan que someterse a las reglas de las pandillas para tener acceso a ciertas zonas constituye una muestra patética del mundo al revés que se va imponiendo en el ambiente. Nada de esto es admisible bajo ningún concepto.

Como todos recordamos, allá en 2012 se dio la llamada “tregua” entre los principales jefes de pandillas para que los grupos respectivos dejaran de matarse entre sí. La manifiesta ambigüedad de los acuerdos hizo que de inmediato se detonara la desconfianza sobre los mismos. Es claro que el Gobierno de turno quería ganar imagen con la estadística, aunque el problema real siguiera intacto: extorsiones al alza y criminalidad impune. Últimamente se vuelve a hablar de “tregua”, y el tema remece de nuevo a la opinión pública. Todos tendrían que tener muy claro que el tema de la inseguridad reinante hay que enfocarlo y tratarlo integralmente, y que para eso hay que poner las cosas en su debido puesto: el imperio de la ley, la prevención y la reinserción tienen su correspondiente naturaleza, y de ahí hay que partir para hacer las cosas bien. La aplicación de la ley no es negociable ni supeditable a ningún otro propósito. Y hay que evitar todas las ambigüedades que acechan. La transparencia es determinante del éxito que se pueda alcanzar.

Lo que está en el centro es el criterio de responsabilidad, que debe guiar el comportamiento de todos los actores nacionales, sean del sector que fueren y tengan el pensamiento que tuvieren. En los temas de país cualquier ambigüedad es el peor veneno.

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