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El respeto a la Constitución es básico para la estabilidad nacional

Confiamos en que, pese a los desajustes y trastornos que se escenifican a diario en el ambiente, nuestro proceso se halle en condiciones de superar una crisis de recorrido como la actual.
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<p>El enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha conmocionado el ambiente político nacional, en buena medida porque es un acontecimiento sin precedentes. El análisis de lo ocurrido arroja variadas lecturas y lecciones, que habrá que tener en cuenta a partir de ahora, para evitar choques como este en el futuro. Es claro que lo acontecido rompe con una línea de bajo perfil en el tema de las inconstitucionalidades, y pone sobre la mesa otros temas muy sensibles: el de la independencia entre órganos y el de la colaboración entre sí en el ejercicio de las funciones públicas, como dice la Carta Magna.</p><p>El punto más delicado del conflicto que se ha producido, y que aún no se ha resuelto aunque ojalá se halle en vías de resolverse, es que ha habido una especie de rebelión frente a resoluciones de inconstitucionalidad, a pesar de que la Constitución establece de manera clara y explícita que la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio. Poner en cuestión dicha norma es abrirle un boquete a la seguridad jurídica, con consecuencias imprevisibles.</p><p>Aquí no se trata de sacralizar a la Sala de lo Constitucional, que no sólo puede equivocarse, sino que debe ceñirse a lo que debe ser una verdadera independencia, sin arbitrariedades ni temeridades. Se trata de preservar el orden jurídico, en función de la seguridad jurídica, sin la cual se acaba la estabilidad y se le ponen obstáculos insalvables al desarrollo. Basta ver el ejemplo de las naciones que tienen una trayectoria ejemplar en cuanto a progreso y seguridad: en todas ellas el imperio de la ley se hace valer sobre todo, justamente para consolidar la estabilidad y asegurar el progreso. Cuando lo que se impone es el interés del momento, cualquier cosa puede pasar. </p><p>La misma realidad nos está enseñando, y de una manera cada vez más cruda, que nuestra funcionalidad democrática depende de que aceptemos, como institucionalidad y como sociedad, que el orden legal establecido y respetado es la base de una vida sana y progresista. Tenemos que zafarnos de una vez por todas de los resabios del viejo autoritarismo, para asumir sin reservas la lógica democrática, que establece los límites de cada quien –comenzando por los órganos fundamentales del Gobierno– y que obliga inexcusablemente a cada quien a someterse a sus propios límites y a respetar los ajenos. </p><p>Una vez que se ha dado un conflicto como el que está aún en el terreno, la solución inteligente tendría que abarcar dos cuestiones esenciales: que salga fortalecida la legalidad y que las fuerzas políticas se comprometan a acatarla, sin sentir que ello es una derrota para nadie. Al contrario, acogerse a la racionalidad democrática acarrea beneficios compartidos, aunque con frecuencia los empecinamientos y las egolatrías impidan verlo así. Esta experiencia debe servir de escuela para todos. Y es que todos, en nuestros respectivos campos de acción, estamos aprendiendo a vivir, a actuar y a reaccionar en democracia, con todo lo que ello implica.</p><p>Confiamos en que, pese a los múltiples desajustes y trastornos que se escenifican a diario en el ambiente, nuestro proceso se halle en condiciones de superar una crisis de recorrido como la actual. Y al hacerlo, el terreno quedará más allanado para seguir avanzando. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

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