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El retraso en los plazos legislativos

Dentro de las varias obligaciones que tiene la Asamblea Legislativa se encuentra la de elegir a los denominados “funcionarios de segundo grado”, tales como procurador de la República, procurador de Derechos Humanos, fiscal general de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros.
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Limitándonos a la preocupación coyuntural, dentro de esos funcionarios de segundo grado la Asamblea Legislativa debe elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Así lo establecen los art. 131 ord. 19 y 187 inc. 3º de nuestra Constitución.

Por su parte, la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura dice que los miembros del CNJ serán elegidos para un período de cinco años, estableciendo los mecanismos de elección de los siete miembros que conforman el pleno.

Pues bien, resulta que el 22 de septiembre del año pasado, finalizó el período para el que resultaron electos cinco de los siete miembros del CNJ y, desde entonces, la Asamblea Legislativa ha ignorado su obligación constitucional de elegir y permitir el normal funcionamiento de tan importante institución.

De nada han servido los múltiples llamados, exhortaciones y propuestas que varias entidades y particulares les hemos hecho; los diputados de la Asamblea se han limitado a culparse recíprocamente de la dilación, a aseverar que aún están analizando los perfiles de los candidatos y a escudarse en que ninguna consecuencia existe más allá de un reproche moral que pueda hacérseles.

Nosotros pensamos que eso no es así. Junto con otras instituciones hemos decidido acudir a la Sala de lo Constitucional a pedir que se declare la inconstitucionalidad por omisión, al no haber cumplido la Asamblea Legislativa con la obligación contenida en los art. 131 ord. 19 y 187 inc. 3º de nuestra Constitución. La demanda ya ha sido interpuesta con lo cual estaremos a la expectativa del trámite y resolución que pueda dársele.

No podemos ignorar que en jurisprudencia reciente, la Sala de lo Constitucional ha reconocido que si bien nuestra Ley de Procedimientos Constitucionales no prevé la figura de la inconstitucionalidad por omisión como uno de los mecanismos que garantizan la eficacia de la Ley Suprema ante la inacción legislativa, eso no obsta para que dicho instituto sea aplicable en nuestro Derecho, por derivación directa de la función constitucional y por el carácter normativo de la Constitución, su rango de supremacía y la fuerza normativa de los derechos fundamentales.

La Sala ha hecho notar que existen enunciados constitucionales que contienen un mandato explícito, y que incluso en aquellos casos en que no pueda deducirse un plazo para el cumplimiento de tales mandatos, no por ello se genera un argumento que justifique no cumplir con lo que la Constitución le ordena.

En efecto, la inconstitucionalidad por omisión ha sido definida como el mecanismo que los tribunales constitucionales tienen para controlar la abstención del legislador de un mandado establecido para este en la Constitución, con miras a la efectiva protección de las prestaciones derivadas de un derecho fundamental.

Por supuesto que esto lo hacemos en función de las afectaciones que la dilación ya está ocasionando en la ciudadanía, toda vez que ya hay serias limitaciones en la designación de jueces y puesta en funcionamiento de tribunales especializados. Pero también lo hacemos en función de generar precedentes que contribuyan con el cese definitivo de una mal sana práctica que ha venido enquistándose en la Asamblea Legislativa y que ya nos ha metido en graves problemas: el retraso en elegir a los funcionarios de segundo grado.

A lo anterior se sumarán otras acciones que también buscarán sentar precedentes para que en la Asamblea nunca más se olviden que, de acuerdo con la Ley, están obligados a actuar bajo los principios de responsabilidad y legalidad.

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