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El salario mínimo, una justicia social o rendimiento laboral

Durante las últimas semanas se ha estado debatiendo sobre la aprobación del “salario mínimo”
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El salario mínimo, una justicia social o rendimiento laboral

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Durante las últimas semanas se ha estado debatiendo sobre la aprobación del “salario mínimo”, tanto en favor como en contra de las decisiones y acciones tomadas por el gobierno central para imponer su criterio, analizando aspectos relacionados con la justicia social, dignidad y el costo de vida, pero el sector empresarial lo enfoca desde el punto de vista económico y reprocha la ilegalidad del proceso seguido para ese acuerdo, contradiciendo la decisión tomada por el Consejo del Salario Mínimo legalmente constituido y sustituido adrede por miembros afines a quien tiene el poder y el propósito obligar a determinados objetivos.

Indudablemente lo que se persigue son intereses políticos por una parte y económicos, productivos y de competitividad por la otra, pero en la realidad no se toma en cuenta el rendimiento del servicio prestado, ya que en algunos casos, a vía de ejemplo, algunos puestos de trabajo solo se requiere la presencia de quien permanezca de cuatro a seis horas vigilando un inmueble armado de un machete, sin considerar si es o no ignorante o analfabeta; otro puede prestar ese servicio por ocho horas y deberá pagarse lo mismo; de igual manera si se trata de un ayudante de albañil o de un auxiliar de contabilidad, a quien se exige al menos un título de Contador o Bachiller, que significa un adiestramiento o educación previa: en cualesquiera de estos puestos no puede pagarse menos del mínimo, sin importar el aporte en el proceso de la actividad en que se desempeña, que se da en llamar el rendimiento del trabajo desempeñado, el cual no se valora respecto al costo total de lo que se pretende obtener con cada esfuerzo físico o mental.

Un análisis más ajustado a la realidad debería considerar el aporte proporcional agregado al costo y valor del proceso de lo que se pretende realizar. Para ello existen parámetros o tablas, muchas veces concertadas entre patronos y trabajadores o sindicalistas. Solo ellos, el Gobierno solo está para velar que se cumplan dichas decisiones y quien realiza cada parte de esa secuencia, la calidad y especialidad que debe tener quien la ejecuta: un iletrado, un adiestrado, un técnico, un profesional experimentado o un científico, así será su retribución.

Si en verdad queremos ser justos, no debemos atenernos al costo de la vida, ni a lo que sin base técnica ha impuesto el Gobierno. Y si este desea que cada estrato gane más, debería preocuparse por educar más a su población desde la niñez, por las buenas o por las malas, para que sea más educada, técnica, creativa, honrada y productiva, cuyos salarios serán mejor pagados. De esa manera las actividades más elementales, de menor costo, no tendrían interés para la mayoría del sector laboral, lo que hace intervenir la Ley de la Oferta y la Demanda, obligando a cancelar mayores salarios para esas áreas de trabajo, que no aceptan los más capacitados. Sucede en los Estados Unidos, por ello los servicios domésticos, lavaplatos de restaurantes, los recolectores de basura, de verduras y frutas son suplidos por migrantes, que para ellos es un ingreso suficiente para empezar, mientras se tecnifican.

Un ejemplo más cercano lo tenemos en Costa Rica, donde existe educación mínima obligatoria de hasta bachillerato. Estas personas tienen la capacidad de discernir, avanzar en sus estudios y tecnificación, y sus salarios son superiores o bien forman sus propias microempresas, que por su ingeniosidad van creciendo y generando nuevos empleos mejor remunerados, mayor demanda. No necesitan salario mínimo, aunque exista y se paga según lo que justamente producen.

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