El sentir ciudadano está atento a los resultados de la lucha antidelincuencial porque de ella depende en gran medida la normalidad del país

Cuando los trastornos más graves se salen de control, como es el caso de la violencia que se hace sentir por doquier, no queda otro camino que emprender tratamientos de alta intensidad que también son de alto riesgo.
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Como es incuestionable desde cualquier ángulo que se le mire, el trastorno delincuencial que viene padeciendo nuestra sociedad es resultado progresivo y acumulativo de una serie de factores que no han tenido la debida atención y el adecuado manejo en el curso del tiempo. Un fenómeno de esta naturaleza muestra siempre diversos componentes causales; y si estos no se enfocan ni se tratan en las formas pertinentes de muy poco pueden servir las estrategias de lucha contra las consecuencias que se van dando en el terreno. Es por ello fundamental que la lucha contra la criminalidad en todas sus formas arranque de las interioridades de la misma, si se quiere de veras revertir el mal.

Cuando los trastornos más graves se salen de control, como es el caso de la violencia que se hace sentir por doquier, no queda otro camino que emprender tratamientos de alta intensidad que también son de alto riesgo. Justamente porque son de alta intensidad y de alto riesgo es que cuesta tomar las convenientes decisiones al respecto sobre todo desde la óptica política. Pero en las circunstancias precisas del momento, los que conducen la gestión pública tienen que hacer un balance inevitable entre los costos de hacer y los costos de no hacer. Todo apunta a que el buen hacer es reconocido y bien considerado por la ciudadanía sufriente, que está clamando eficiencia comprobable cada vez con más vigor.

Como ya parece ser criterio generalizado, no es aceptable bajo ninguna circunstancia el querer salirse por la escabrosa tangente de los entendimientos entre la legalidad y la criminalidad, cualesquiera fueren las excusas justificativas para ello. El tristemente célebre ejemplo llamada “tregua” fallida lo evidencia con toda nitidez. Hay que saber distinguir entre la lucha frontal contra todas las conductas contrarias a la ley y los esfuerzos que habría que hacer para prevenir que más gente se sume a las filas de la delincuencia organizada. Y, desde luego, otra cosa son también los programas de reinserción de aquéllos que, comprobablemente, se decidan a abandonar las actividades criminales para volver a la vida normal.

Hasta la fecha los esfuerzos de persecución del crimen, de prevención del crecimiento del mismo y de reabsorción de los que decidan de veras dejar la actividad delincuencial no han tenido efectos sustanciales y duraderos por falta de enfoques realistas y de estrategias sustentadas; pero la misma gravedad de la situación está empujando a hacer más y con criterios de mayor definición y consistencia. Las llamadas “medidas extraordinarias” se hacen sentir en el terreno, y hay indicios de que la ciudadanía ya lo percibe; eso hay que seguir apuntalándolo para que la situación entre en curso de recuperación de la confianza. Los salvadoreños conscientes, que son la inmensa mayoría, siguen reclamando consistencia, exigiendo efectividad y anhelando normalidad.

El clamor ciudadano ha sido hasta la fecha paciente al máximo frente a lo que ha tenido y continúa teniendo que sufrir la población por el despiadado accionar del crimen; pero toda paciencia se agota, y la institucionalidad está en el deber de hacer lo necesario para no llegar a ese punto, que podría tener consecuencias incalculables.

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