El sistema de investigación criminal está a prueba en el país, y hay que dar señales convincentes cuanto antes

Como hemos repetido cada vez que ha sido oportuno, es vital fortalecer y salvaguardar el Estado de Derecho frente a todas las amenazas y ataques que lo vulneran. Y las instituciones encargadas más directamente tienen que asumir el reto sin vacilaciones de ninguna índole.
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Cuando comenzó a ponerse de manifiesto, hace ya bastantes años, que la realidad delincuencial iba a desplegarse en el país, los temas de la investigación criminal y de la inteligencia policial surgieron como imperativos para contar con los instrumentos indispensables para hacerle frente al desafío emergente. Ya a fines de los años 90 se hicieron planteamientos precisos al respecto, como los que surgieron, en forma de proyectos muy concretos, de la extinta Comisión Nacional de Seguridad Pública. Desafortunadamente, como tantas veces ocurre en nuestro medio, aquello se quedó en los papeles propositivos, sin que los encargados de mover los hilos institucionales se decidieran a pasar a la acción.

En la medida que se viene agudizando la problemática criminal, el imperativo de poner efectivamente al día tanto la investigación criminal como la inteligencia policial se hace más agudo e impostergable. Y esto también va en íntima relación con los apremios por mayor control de la corrupción y por más lucha contra la impunidad. Es decir, nos vamos moviendo en la línea de abrirle más espacios al Estado de Derecho, y por eso en el ambiente la demandante voz ciudadana gana protagonismo, en contraste con las distintas formas de sometimiento que imperaban en el pasado. Desde la sociedad civil se reclama efectividad en la lucha contra las diversas expresiones del crimen, sean quienes fueren los que las activen.

Según el mandato constitucional, la entidad directamente encargada de la investigación del delito es la Fiscalía General de la República, en colaboración con la Policía Nacional Civil. Esta fórmula institucional surgió de la negociación de la paz, con miras a precisar atribuciones en el nuevo escenario modernizador de posguerra. Pero desde luego nunca basta con lo que las decisiones políticas y las leyes correspondientes disponen y se proponen: la verdadera prueba está siempre en el terreno de las realidades concretas y cotidianas. Y en dicho terreno lo que venimos viendo es un avance sumamente dificultoso, que se topa a cada instante con resistencias de todo tipo.

La justicia en nuestro país nunca ha cumplido a cabalidad ni mucho menos a plenitud con el rol que le corresponde; pero ahora hay un componente impulsor de máxima fuerza: el reclamo ciudadano; y la institucionalidad, mal que le pese, tiene que ir respondiendo a él. En ese sentido, el tema de la investigación del delito y de la persecución eficaz del mismo cobra creciente importancia. No es casual ni circunstancial, entonces, el énfasis que se le puso a la elección del Fiscal General de la República que estará en funciones entre 2016 y 2019.

El funcionario recién llegado ha enfatizado de inmediato que hará una revisión integral de la institución que preside, para impulsar las renovaciones requeridas. Sin rechazarlo de plano, ha manifestado que entre sus consideraciones actuales no está el tema de una CICIES al estilo de la que viene operando en Guatemala. Al respecto, los mismos hechos tendrán que decir la última palabra, aunque lo que sí es cierto, más allá de cualquier duda, es que todas las formas del delito están en la mira de la realidad, que es al final de cuentas la que acabará por imponerse.

Como hemos repetido cada vez que ha sido oportuno, es vital fortalecer y salvaguardar el Estado de Derecho frente a todas las amenazas y ataques que lo vulneran. Y las instituciones encargadas más directamente tienen que asumir el reto sin vacilaciones de ninguna índole.

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