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El sistema de pensiones no es el problema de las finanzas públicas, es parte de la solución

Un sistema de pensiones ordenado, sostenible y en equilibrio financiero libera y evita afectar a las finanzas públicas. Sin embargo, se enfatiza que el problema de las finanzas públicas proviene del sistema independiente que se está construyendo. Lo anterior, además, implica no observar todo el resto de aspectos que intervienen en las arcas del Estado (tales como ingresos, gastos, intereses, deuda y crecimiento económico, etc.). También evita examinar las consecuencias de las decisiones que no funcionaron en el antiguo sistema, más otras que se tomaron para ganar tiempo, con la generación de otras deudas para el Estado por pensiones, sin respaldo. Es precisamente un sistema de pensiones autosostenible que no genere presiones para el fisco parte importante de la solución.
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En principio, las dificultades financieras en pensiones se crean al otorgar un beneficio definido, sin un debido respaldo. El problema proviene no únicamente debido al esquema de reparto, sino porque el Estado concedió un beneficio definido (y subrayo un beneficio definido) prometiéndole pagar una pensión (o porcentaje fijo del último salario) a quienes cumplieron los requisitos sin que estuvieran garantizados tanto los suficientes cotizantes activos como los recursos efectivamente ahorrados para dárselos. Aunque esta deuda no estaba registrada, el Estado la asume con aquellos que recibieron el derecho legal de recibirla, de ahí implícita. Similarmente, el derecho contingencial de pagar pensiones “mínimas” o mantener pensiones en un nivel superior al agotar el saldo de su cuenta de ahorro implica pasivos implícitos para el Estado sin respaldo.

Aunque la problemática fiscal es más amplia, la piedra en el zapato para el Gobierno y las finanzas públicas del Estado, en relación con pensiones, proviene de dicha raíz, que se materializa en el pago por el servicio de la deuda, al tomar prestado para pagar pensiones, pero porque antes otorgó derechos que no tenían respaldo.

Lo conveniente es avanzar a un sistema de pensiones que no otorgue un beneficio definido, y que cuente con capitalización, porque genera rentabilidad, lo que aumenta los recursos. No es lo mismo que el Estado asuma pagar las pensiones, aun recibiendo todas las cotizaciones sin generar ninguna rentabilidad (monto menor) o parte importante de ella en un sistema mixto, a que el país cuente con un respaldo en ahorros en el Fondo de Pensiones, generando rentabilidad (monto mayor = cotizaciones más rentabilidad) para pagar beneficios durante un tiempo importante. También, en este sentido, para adecuada y razonable pensión, sigue siendo indispensable adecuada y razonable rentabilidad, por lo cual dicha rentabilidad debe ser honrada y ser la más alta posible, aunque el prestamista sea el mismo Estado.

La propuesta por parte de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones constituye un valioso aporte, en tanto que, de manera seria y valiente, propone cubrir las pensiones mínimas, las pensiones de los optados y las pensiones de aquellos años de la vejez que el ahorro y la rentabilidad no alcancen a cubrir, trasladando recursos de la disminución de la comisión de las AFP, pero también sumando aportes adicionales de trabajadores formales y sus patronos a una Reserva de Pensión Vitalicia (RPV) dentro del Fondo de Pensiones, mecanismo por el cual asume las pensiones de los que cotizan y se las quita al Estado.

De llevar adelante la propuesta, el sistema de pensiones contribuiría aún más a las finanzas públicas, brindando estabilidad a la seguridad previsional, donde, hacia futuro, aportes y beneficios estén financieramente en equilibrio. Sin embargo, a pesar de que se logre lo anterior, por otro lado, son los gobernantes quienes deben realmente mantener los ingresos y los gastos en un adecuado balance; de lo contrario, el país continuará sin contar efectivamente con finanzas públicas sanas.

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