El sistema debe contar con todo lo que sea necesario para proteger sus instituciones y a todos aquellos que desde las mismas cumplen con la ley

Es preciso armar todo un aparato defensivo, que provenga de un plan estratégico de defensa activa del orden legal, que tenga vigencia en el tiempo para asegurar su efectividad permanente. Es hora de poner al crimen organizado a la defensiva hasta su erradicación, que va a lograrse con un esfuerzo planificado y sostenido, que se haga sentir en el día a día.
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Es una realidad patente y lacerante que se vive y se padece a diario el hecho de que el accionar del crimen haya logrado tanta capacidad de incidencia en prácticamente todos los ámbitos y aspectos de la vida nacional. Esto implica que la criminalidad organizada se ha vuelto un sujeto permanentemente activo que busca ir ganando cada vez más terreno para imponer sus objetivos destructores y para ejercer poder real a toda costa. La batalla, pues, es decisiva, y lo que realmente está en juego es la supervivencia de nuestra condición de sociedad libre y regida por normas y criterios de legalidad y de moralidad. Tengamos presente entonces que no se trata de un forcejeo superficial, sino de una lucha en la que se juega el destino del país, con la normalidad y la estabilidad correspondientes.

Afortunadamente, en esta fase de definiciones nacionales tan determinantes se ha venido generando una nueva dinámica en la labor de instituciones claves para que la lucha antes mencionada pueda mantenerse en pie y llegar a buen fin; entre esas instituciones sobresalen la Sala de lo Constitucional y la Comisión de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Si el embate criminal que hoy padecemos se hubiera dado cuando todo ese mosaico institucional funcionaba como en el limbo lo que tendríamos hoy sería un caos irrecuperable.

Pero los ataques contra las instituciones mencionadas y los personeros de las mismas no se hacen esperar, porque los que atentan contra el orden institucional y contra el Estado de Derecho nunca cejan en el empeño de hacer valer sus objetivos malsanos, al precio que sea. Y dichos ataques provienen de distintos lados, según sean las intenciones y los propósitos de los mismos. Para el caso, cuando se trata de la Sala de lo Constitucional, por las decisiones de ésta que atajan abusos de poder, las agresiones provienen de aquéllos que quisieran seguir haciendo de las suyas en los altos niveles gubernamentales; y cuando las acciones de la Fiscalía General van a golpear a las organizaciones criminales son éstas las que detonan sus amenazas contra la entidad fiscal y específicamente contra su titular, que está a la cabeza del accionar antidelincuencial.

Precisamente el Fiscal General de la República denunció hace algunos días las amenazas de muerte contra él y contra su familia por parte de una agrupación delictiva, que le dio plazo para dejar su cargo y abandonar el país. Ante ello, la reacción pública de dicho funcionario es ejemplar y ejemplarizante: “Voy a seguir haciendo los esfuerzos necesarios y claros, aun a costa de mi integridad; se lo digo a la población honrada. Voy a salir adelante investigando el crimen organizado, el narcotráfico, los homicidios, las extorsiones, a los corruptos, a los lavadores... Vamos a seguir”.

Por su parte la institucionalidad en pleno tiene que asumir sin reservas su propio compromiso: salvaguardar efectivamente la integridad de todos aquellos que lo están dando todo para que la ley impere. Es preciso armar un eficaz aparato defensivo, que provenga de un plan estratégico de defensa activa del orden legal, que tenga vigencia en el tiempo para asegurar su efectividad permanente. Es hora de poner al crimen organizado a la defensiva hasta su erradicación, que va a lograrse con un esfuerzo planificado y sostenido, que se haga sentir en el día a día.
 

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