El sistema institucional tiene que estar a la altura de lo que la realidad le demanda

Lo que hay que asegurar en todo caso es que los roces y los desencuentros entre instituciones nunca vayan a desembocar en un quebranto del sistema, porque eso sí sería un retroceso de consecuencias imprevisibles, que el país entero acabaría pagando en facturas de altísimo costo histórico.
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En esta etapa nacional de democratización que ha venido avanzando, en medio de dificultades y tropiezos, en el curso de la posguerra, uno de los aspectos más relevantes es el que se refiere al fortalecimiento institucional. Nuestras instituciones públicas estuvieron, prácticamente desde siempre, a merced de los intereses y de las imposiciones del poder establecido, y ahí residía uno de los núcleos de distorsión más graves de nuestra realidad en todas sus formas. El inicio de la experiencia democratizadora, allá a comienzos de los años 80 del pasado siglo, le abrió la puerta a una nueva dinámica nacional, con todo lo que ello trae en cuanto a correcciones, a depuraciones y a reordenamientos.

El cambio inducido por la misma dinámica evolutiva se percibe de modo más notorio en las altas esferas institucionales como son las que corresponden a los tres Órganos fundamentales del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y en ciertas entidades que ejercen funciones decisivas, como la Fiscalía General de la República. Todos ellos están en el foco ciudadano, que es cada día más exigente y demandante; y las reservas y resquemores interinstitucionales se multiplican, como puede graficarse por las reacciones que despierta el trabajo de la Sala de lo Constitucional en las áreas legislativas y ejecutivas, donde hay resistencia a los fallos correctivos de las decisiones que alteran el esquema legal.

Lo que hay que asegurar en todo caso es que los roces y los desencuentros entre instituciones nunca vayan a desembocar en un quebranto del sistema, porque eso sí sería un retroceso de consecuencias imprevisibles, que el país entero acabaría pagando en facturas de altísimo costo histórico. Todo esto hay que manejarlo de manera inteligente, respetando sin excepciones la lógica democrática, que tiene que estar siempre presente y actuante como una garantía de estabilidad indispensable.

En lo que toca al área de justicia, el sistema correspondiente debe ser salvaguardado sin reservas, porque si algo es básico para darle sostén a la normalidad en todos los sentidos es que la aplicación de la ley siempre se imponga sobre todo lo demás. Precisamente nos hallamos tan convulsionados en el área de la seguridad porque la función legal no cumple a plenitud con el mandato que le corresponde. Y esto se replica en otros ámbitos del quehacer institucional como es el de la lucha contra la corrupción y el debido control de las conductas públicas. En el país hay un déficit de respeto activo al Estado de Derecho, y muchas de las distorsiones que padecemos derivan de ello.

La responsabilidad de las fuerzas políticas tiene que manifestarse de forma inequívoca a la hora de presentar candidaturas en los diversos niveles del aparato institucional, porque en definitiva son las personas concretas, con identidad y con historia, las que llegan a hacerse cargo de la función pública. Y hoy que estamos ya prácticamente en competencia electoral esto adquiere un relieve aún más notorio.

Estaremos atentos en todo caso y circunstancia a lo que vaya pasando dentro del sistema institucional, aunque eso acarree incomprensiones a granel. Es la suerte del país y de su proceso lo que está en juego, y nosotros como medio libre e independiente debemos ser leales a nuestra misión.

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