Lo más visto

El sistema público debe estar regido por las decisiones institucionales pertinentes y no sujeto al vaivén de lo que decida la justicia constitucional

El ejercicio democratizador reclama, a cada paso, que se pongan en acción las transformaciones institucionales que permitan seguirle el ritmo al cambio de los tiempos, que en esta época se ha vuelto más y más acelerado.
Enlace copiado
Enlace copiado
De la experiencia que se ha venido viviendo en el país en el curso de esta ya prolongada posguerra queda patente en forma paladina que la construcción institucional es un esfuerzo constante, que se va consolidando de manera progresiva, en la medida que las distintas fuerzas y dinamismos que operan como factores de evolución van haciendo lo suyo dentro del desenvolvimiento de la democracia en acción. Está sabido desde siempre que una cosa es el diseño legal de los distintos cuerpos institucionales con sus respectivas competencias y otra cosa muy distinta son los movimientos que en la práctica determinan la dinámica de dicho proceso, porque no hay que perder de vista que el factor que está siempre presente es el poder, con todo lo que ello implica como riesgo de entrar en distorsiones para favorecer intereses.

El ejercicio democratizador reclama, a cada paso, que se pongan en acción las transformaciones institucionales que permitan seguirle el ritmo al cambio de los tiempos, que en esta época se ha vuelto más y más acelerado. Lo anterior implica que deben hacerse las renovaciones pertinentes en los momentos precisos, so pena de ir dejando tareas por hacer a las cuales luego la misma dinámica del proceso les va buscando salidas alternativas, que nunca funcionan como lo harían los métodos normales de la evolución. Esto lo estamos viendo en el país en forma muy elocuente cuando se busca la ruta alterna de la justicia constitucional para generar ajustes y remodelaciones que tendrían que hacerse por otras vías, más acordes con el desempeño natural dentro del régimen legal e institucional imperante.

En verdad lo que todos deben reconocer y asumir es la disciplina que el régimen de vida legal vigente establece. Para el caso, en lo que se refiere a la Sala de lo Constitucional, que tiene un rol tan determinante dentro de dicho esquema, la Constitución de la República establece de manera escueta e inequívoca, en su artículo 183: “La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”. Ahí están definidos, en forma explícita, los ámbitos y los límites de tan importante función.

Las decisiones de la justicia constitucional son inapelables, y así tienen que ser acatadas para que el orden legal se mantenga. En realidad no es ese el punto de discusión, pero sí hay que tener en cuenta que lo que ha venido ocurriendo tanto con muchos de los recursos interpuestos como con las resoluciones de los mismos es en el fondo un llamado de atención a los gestores políticos para que atiendan preventivamente las necesidades de modernización que el mismo proceso democrático va poniendo sobre el tapete en forma sucesiva. Nuestro sistema político tiene que estar a la vanguardia del proceso nacional, y no para controlarlo sino para servirle bien, que también es lo que manda la normativa constitucional vigente.

Como se ve en casi todos los ámbitos de la temática y de la problemática que vivimos, la experiencia, con sus pros y sus contras, es la que en definitiva va señalando el camino por dónde avanzar. Y lo que en este punto queda claro cada vez con mayor nitidez es que cada quien debe hacer lo suyo, en armonía y sin trastornos.

Tags:

  • transformaciones
  • cambio
  • institucionalidad
  • csj
  • democracia

Lee también

Comentarios