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El tema candente de la seguridad ya está en el campo de la conflictividad política

El Estado, en sus diversas expresiones institucionales, es el encargado de garantizar la seguridad tanto de los individuos como del aparato orgánico nacional, tanto público como privado; y al ser así, la seguridad está siempre en la primera línea de lo que hay que atender con la eficiencia debida.
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A nadie escapa que la inseguridad ciudadana se ha vuelto la principal pesadilla de los salvadoreños, porque hace tiempo que dejó de ser un problema de delincuencia común y ha pasado a convertirse en un muestrario del accionar crecientemente agresivo del crimen organizado. Los ciudadanos están cada vez más desesperados e indignados por este caótico estado de cosas del que nadie escapa pero del que muchos sufren más directamente las consecuencias. Hay gran cantidad de comunidades del país en que la cotidianidad se ha vuelto invivible, y eso despierta, como es natural, reclamos crecientes en pro de la búsqueda de soluciones reales y efectivas a toda esta problemática que a todas luces está fuera de control.

Como hemos señalado tantas veces en tiempos recientes, aunque los hechos criminales de sangre sean los que más se destacan en el día a día, hay otros fenómenos criminales que inciden a fondo en el deterioro cada día más profundo de la normalidad en el ambiente; y uno de esos fenómenos de gran impacto estructural es el que se refiere a las extorsiones, que están afectando de manera expansiva no sólo a las personas individuales que la sufren sino también a todo el aparato productivo, sobre todo en el ámbito de las medianas, las pequeñas y las microempresas, sean formales o informales.

Como es natural ante una situación como la aludida, las cuestiones referidas a la misma tienen incidencia política directa. El Estado, en sus diversas expresiones institucionales, es el encargado de garantizar la seguridad tanto de los individuos como del aparato orgánico nacional, tanto público como privado; y al ser así, la seguridad está siempre en la primera línea de lo que hay que atender con la eficiencia debida. Justamente el principal cuestionamiento que, desde los distintos ámbitos ciudadanos, se le hace al tratamiento del tema de seguridad es el referido a la falta de eficiencia suficiente para revertir el actual estado de cosas.

Desde la institucionalidad pública se vienen poniendo en práctica iniciativas destinadas a frenar el accionar criminal, pero evidentemente ninguna ha tenido la capacidad de lograrlo, y no porque sean iniciativas equivocadas en sí, sino porque no hay un esquema integral que les dé soporte a las acciones específicas. En este momento, construir ese esquema es un desafío crucial tanto para el Gobierno como para las fuerzas políticas; y, por consiguiente, en vez de enfrascarse en las disputas sobre el tema se tendrían que activar los esfuerzos para construir un proyecto común que toque el fondo de la problemática y habilite los tratamientos pertinentes.

Se vuelve indispensable, dadas las turbulentas circunstancias de inseguridad que vivimos, mover todas las voluntades del país hacia el área de los enfoques inteligentes y de las estrategias funcionales. Ya no es admisible, bajo ningún concepto, estar dando palos de ciego o lanzando globos al aire, por buenas que sean las intenciones que así se expresan. De lo que se trata es de responder en serio a los desafíos de esta galopante inseguridad. La población lo exige con todo derecho, y es tiempo más que sobrado de hacerle honor a tal exigencia.

Cuestiones muy específicas y de altísimo impacto como la extorsión y el narcotráfico deben ser tratadas hasta las últimas consecuencias, sin más tardanza. Al respecto, no hay alternativa disponible. Recuperar la seguridad no es ni puede ser tarea opcional.

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