El tránsito del conflicto a la paz requiere de justicia y mucha reflexión

Al actual gobierno salvadoreño y a la nación para la cual trabaja les caería muy bien que el régimen abjurara y condenara hoy las políticas represivas de aquella época, que se comprometiera a retomar y profundizar la doctrina civil con la que se pretendió inspirar a la seguridad pública en 1992, y poner en el centro de su gestión la observancia de los derechos de la ciudadanía.

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Naciones como la salvadoreña, en la que durante décadas hubo una continuada violación a los derechos humanos de parte del Estado, se enfrentan al reto de encarar ese legado como condición indispensable en la construcción de la paz.

Aunque ese afán sea siempre una utopía, la responsabilidad estatal de fomentar la paz supone enfrentar los hechos del pasado, reconocer que como construcción jurídico política el Estado fue victimario, verdugo y terrorista, y que si no garantiza la simbólica reparación a las víctimas, la reconciliación siempre será indigna, artificial, imperfecta.

Eso es teoría aplicable a cualquier nación que haya sufrido un conflicto armado como el salvadoreño del siglo pasado, toda una construcción entre humanista, jurídica y cristiana que devino en lo que actualmente se llama "justicia transicional".

Puntualmente, el concepto es que para transigir de la guerra hacia la paz, los Estados que fueron autoritarios y pugnan por volverse democráticos deben garantizar justicia a las víctimas del conflicto en cuestión, lo cual supone que accedan a la verdad de los hechos investigados, que esos hechos sean juzgados, que haya la reparación o restitución más relevante posible y que las instituciones que permitieron esos abusos y esos crímenes sean reformadas o abolidas.

Aunque el proceso salvadoreño de pacificación y democratización mereció en su momento de los entusiastas elogios del mundo diplomático, lo cierto es que se avanzó todo lo que se pudo pero sin reparar adecuadamente a las víctimas. En esa materia como en el proceso de negociación, los bandos echaron mano a la vez de pragmatismo y diálogo en un juego de concesiones marcado por las urgencias; recuérdese que luego de la masacre de 1989 en el campus universitario, ninguno de los bandos podía creer en el beneplácito internacional a una solución militar.

Ese pragmatismo supuso que ni la insurgencia ni el oficialismo de la época enfatizara tanto en la divulgación de la verdad sobre muchos casos emblemáticos, crímenes de lesa humanidad sobre los que incluso cuatro décadas más tarde se escuchan versiones exculpatorias.

Ahora como entonces, es fundamental reconstruir con respeto y cabalidad aquellos sucesos para comprender exactamente el carácter del régimen militar así como hasta qué grado de degeneración moral puede llevar el autoritarismo a una nación.

Y acá salta la pregunta, a propósito de las intenciones de la nueva clase política de retomar la discusión sobre una Ley de Justicia Transicional. ¿Se está interesado en un proceso de persecución y enjuiciamiento de los responsables de las atrocidades o en garantizar que la reivindicación de las víctimas abone a una mejor convivencia nacional?

Aunque el conflicto concluyó el siglo pasado, los objetivos de Chapultepec lucen malogrados en 2021. Al actual gobierno salvadoreño y a la nación para la cual trabaja les caería muy bien que el régimen abjurara y condenara hoy las políticas represivas de aquella época, que se comprometiera a retomar y profundizar la doctrina civil con la que se pretendió inspirar a la seguridad pública en 1992, y poner en el centro de su gestión la observancia de los derechos de la ciudadanía.

Tal, no menos, es el legado al que el Estado debe aspirar al recordar su crónica represiva de esas décadas atroces; las pesadillas que visitan a la nación no se exorcizan con nuevos terrores ni con cacerías de brujas sino soñando con un país mejor, solidario y ansioso de verdad y reconciliación.

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