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El uso indebido, inconstitucional e ilegal de las redes sociales por los funcionarios

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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Sin duda, los avances de la tecnología de las comunicaciones han logrado importantes innovaciones. Ahora bien, la gestión presidencial actual ha creado una cultura de emisión de órdenes e instrucciones administrativas a ministros y otros servidores públicos por medio de mensajes de “Twitter”. Esta red social se ha convertido en el medio de comunicación favorito para la emisión y publicidad de las actuaciones de los funcionarios. Así como para la propaganda electoral adelantada.

 Estos mensajes en Twitter no son actos administrativos ni son decretos ejecutivos legalmente emitidos, que respeten el proceso de formación de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). Por lo tanto, son acciones materiales de “hecho” que son anulables o nulos de pleno derecho, sujetos al control de la jurisdicción contenciosa administrativa o constitucional. Los ciudadanos pueden demandar, en su caso, bajo responsabilidad civil, patrimonial y penal tanto del emisor como del servidor público que la ejecute.

Ahora bien, todos los servidores públicos deben de cumplir con la Ley de Ética Gubernamental, la LPA y con la Ley de Acceso a la Información Pública, que los obliga a realizar sus actuaciones de forma legal, transparente y a rendir cuentas a los ciudadanos. 

Recientemente, la Cámara de lo Contencioso Administrativo resolvió que se declaran ilegales las actuaciones materiales de la PDDH consistentes en los bloqueos de acceso a un ciudadano a las cuentas de la red social de Twitter, por considerar que son actos materiales sin respaldo legal. Es decir, que se careció de un acto administrativo previo y por lo tanto, constituye vía de hecho, violando los derechos a la libre expresión y acceso a la información pública. 

Ningún funcionario puede emitir actos administrativos u órdenes por medio de Twitter, mucho menos pretender sustituir al Diario Oficial. Pero tampoco pueden bloquear las comunicaciones de los ciudadanos al Twitter institucional, sobre todo porque son servidores públicos sometidos al escrutinio público y a la rendición de cuentas. Adicionalmente, son los impuestos de los ciudadanos los que pagan su salario, sus aparatos electrónicos y los servicios de internet.

Como ha establecido la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en un Estado Constitucional de derecho debe garantizarse el libre acceso a los ciudadanos de la información en poder del Estado, así como el ejercicio de la libertad de expresión. Esto implica, además, que debe potenciarse que los medios de difusión ejerzan libremente su función de informar sobre temas de interés público, entre ellos los relacionados con el desempeño de las funciones públicas. 

De forma correlativa a lo anterior, “los funcionarios deben tolerar, en mayor medida que los particulares, informaciones –producto del ejercicio responsable del periodismo investigativo– que puedan implicar afectaciones a su honor, especialmente las relacionadas con irregularidades en las que se señala su posible participación”. En ese sentido, ningún funcionario puede bloquear el acceso a la información pública que se transmite por la vía de las redes sociales, más aún cuando ahí se emiten directrices que afectan el día a día de la población. 

Instamos a los funcionarios a cesar estas prácticas que afectan los derechos antes relacionados. Es inconstitucional e ilegal emitir órdenes administrativas o resoluciones sin fundamento ni motivación. Las instituciones del MInisterio Público deben promover de oficio las acciones judiciales correspondientes.

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