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El veto y las dificultades de los contribuyentes

No es primera vez que la Asamblea otorga tal clase de amnistías, en mi memoria las vengo observando desde inicios de los años ochenta y con ellas han salido favorecidos muchos medianos y pequeños contribuyentes que a duras penas logran cubrir los costos de sus operaciones y sobrevivir en un ambiente de miedo.
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Los medios han divulgado con amplitud la noticia que el presidente de la República vetó, por razones de inconstitucionalidad, el Decreto Legislativo n.º 688 del 01-06-2017 cuya denominación omitiré por extensa, pero que contiene una especie de “amnistía fiscal” de manera transitoria, para declarar y pagar durante 90 días, ejercicios atrasados de Impuesto sobre la Renta, Transferencia de Bienes Raíces y otros (2009-2015) e IVA (2009-2016).

La propuesta inicial provino de diputados del PCN, GANA y ARENA a inicios de marzo pasado, pero no obstante que dicho decreto fue aprobado por 63 diputados de todos los partidos, incluyendo 27 del FMLN, veo muy difícil que la Asamblea pueda superar dicho veto y ratificarlo con la mayoría calificada que exige nuestra Constitución. Las razones son obvias, por las precedentes actitudes demostradas por los legisladores de dicha fracción para con el presidente, reconsiderando también la situación actual de las finanzas públicas y su manejo político; y además, porque a mi criterio, los motivos expresados en el veto son válidos, pues en el texto del decreto se vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el artículo 21 de la Constitución, al cambiar el cálculo del impuesto ya generado en el pasado, lo que origina también un cambio en la cuantía de la deuda tributaria, creando con ello un régimen privilegiado para ciertos contribuyentes. Argumentó además el presidente que no era posible sancionar dicho decreto por encontrarse pendiente de resolver definitivamente un proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la “Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras”, emitida por D. L. n.º 793 del 04-11-2014, proceso en el que la Sala de lo Constitucional resolvió el día 28 de ese mismo mes y año, suspender provisionalmente los efectos de dicho artículo, en el sentido de que la Administración Tributaria y Aduanera debería abstenerse de constituir cualquier procedimiento tendiente a “eximir” cualquiera de las obligaciones establecidas en dicha disposición, ordenando al Ministerio de Hacienda suspender todos los procedimientos derivados. Tal medida cautelar se mantiene hasta la fecha.

No es primera vez que la Asamblea otorga tal clase de amnistías, en mi memoria las vengo observando desde inicios de los años ochenta y con ellas han salido favorecidos muchos medianos y pequeños contribuyentes que a duras penas logran cubrir los costos de sus operaciones y sobrevivir en un ambiente de miedo, sobre todo durante estos últimos años desde que comenzó a extenderse el ignominioso delito de extorsión y su contraparte, el costo de la seguridad privada. Lamentablemente en este último decreto los diputados se fueron demasiado lejos e utilizaron hasta términos jurídicamente impropios, reñidos con disposiciones del Código Tributario que por lo corto de este espacio no alcanzo a detallar.

Otras leyes similares emitidas en fecha posterior, aunque con menor y diferente universo de contribuyentes, han corrido diferente suerte, tal es el caso del Decreto n.º 680 denominado “Ley Transitoria para la Regulación de Matrículas de Empresa y Registro de Locales”, vigente desde el pasado 7 de junio, que deja sin efecto las multas o recargos causados por el incumplimiento de obtener por primera vez matrícula de empresa o renovar las matrículas de empresa, así como el registro de sus sucursales, agencias o locales comerciales o industriales ante el Registro de Comercio, en cuyo caso el empresario sale favorecido con solo presentar la solicitud correspondiente al año 2017 dentro del plazo que vence el próximo 31 de diciembre, acompañada de los respectivos derechos de registro y del balance del cierre de ejercicio 2016, debidamente auditado cuando corresponda. De igual manera vemos mucha publicidad de diferentes alcaldías promoviendo el pago de tributos dentro de cierto plazo, con lo cual sus contribuyentes se ahorrarían multas, recargos e intereses, oferta que viene de larga data.

Los diputados deben tener más cuidado con los términos que utilizan, muchos contribuyentes continuarán esperando.

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  • amn istia fiscal
  • veto
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