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Elección de magistrados de la CSJ será crucial para toda la institucionalidad

Lo que hay que garantizar en todo caso es que la selección de los candidatos a llenar las cinco plazas que serán renovadas en la Corte Suprema cuenten con la idoneidad, la independencia y la honradez necesarias para que la justicia puede seguir ejerciéndose en la forma que exige la ley.
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Según las reglas acordadas dentro de la lógica normalizadora que se abrió camino por medio de la solución negociada de la guerra interna, la institucionalidad nacional entró de inmediato en otra línea de organización y de funcionamiento, especialmente en áreas decisivas como la judicial, la fiscal y la policial. En lo tocante a la configuración de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la misma serían elegidos por un período de nueve años y se renovarían por terceras partes cada tres años. En 2018 toca una de dichas renovaciones, y en esta ocasión 4 de los que cumplen su período son los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron elegidos en 2009. Esto pone una nota especialmente desafiante en lo que toca a la elección que viene.

La Sala de lo Constitucional que quedó configurada con 4 de sus 5 miembros desde hace ya 9 años ha venido a representar un avance muy significativo en lo que a ese trabajo tan delicado se refiere. De la opacidad que imperaba en el pasado al desempeño autónomo que se viene haciendo visible y comprobable en los tiempos recientes hay un notorio salto de calidad, que ha incidido y sigue incidiendo en el saneamiento del desempeño institucional generalizado; pero eso mismo ha provocado múltiples reacciones agresivas por parte de aquellos que quisieran continuar funcionando con la impunidad tradicional y en defensa abierta de sus propios intereses personales o de grupo.

Resulta evidente que de aquí a que la elección de nuevos magistrados se produzca se harán manifiestas de todas las maneras posibles las intenciones de algunos sectores políticos vinculados con el poder actual en el sentido de maniobrar para lograr el control o al menos una influencia suficiente sobre los que resulten elegidos. Hasta se ha llegado a proponer una reforma constitucional para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean elegidos por voto popular, lo cual a todas luces es un desatino porque en esa forma no habría cómo comprobar de antemano que los elegidos cumplan con el requisito constitucional de “moralidad y competencia notorias”. Por fortuna hoy iniciativas como la aludida pasan de inmediato al escrutinio ciudadano, donde las resistencias organizadas no se hacen esperar.

Lo que hay que garantizar en todo caso es que la selección de los candidatos a llenar las cinco plazas que serán renovadas en la Corte Suprema cuenten con la idoneidad, la independencia y la honradez necesarias para que la justicia puede seguir ejerciéndose en la forma que exige la ley. Para ello, los entes autorizados para formar las correspondientes listas de candidatos, que son las asociaciones profesionales de abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura, deben poner todo el empeño requerido para que la Asamblea Legislativa pueda definir la selección final en forma realmente confiable, que es lo que se le encarga.

No sólo el efectivo desempeño de la justicia está en juego, sino también, y de manera preponderante, la estabilidad del Estado de Derecho, que es lo que en definitiva puede producir seguridad en todos los sentidos. Cualquier error al respecto sería fatal para el sistema y para el proceso. Hay que evitarlo a toda costa.

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