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¿Elecciones en Venezuela?

La más reciente elección convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y realizada en Venezuela el 30 de julio pasado fue la de Asamblea Nacional Constituyente.
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Su realización estuvo precedida por un referéndum convocado por la Asamblea Nacional, organizado y llevado a cabo por la oposición que contó con una participación de 7.2 millones de electores según datos proporcionados por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y avalados por varios expresidentes iberoamericanos y observadores internacionales. El 98 % de los participantes respondieron sí a rechazar el cambio de Constitución que promueve el Ejecutivo; sí demandan que las Fuerzas Armadas obedezcan la Constitución y respalden al Parlamento de mayoría opositora, y sí aprueban que se renueven los poderes públicos, se llame a elecciones y se instaure un gobierno de transición. Este evento tuvo que ser convocado por la Asamblea Nacional y no por el órgano oficial (CNE) simplemente porque es una institución controlada y que responde a los intereses del Ejecutivo.

Las aspiraciones de los ciudadanos demostradas en las urnas no han sido tomadas en cuenta por el gobierno que sigue coartando sus derechos, al impedir que se lleve a cabo el Referéndum Revocatorio, contemplado en la constitución en el artículo 72 y que permitiría al pueblo decidir si Maduro debía continuar en el poder. También ha negado la realización oportuna de elecciones regionales prometidas por el CNE para el último trimestre de 2016 y luego para finales del primer trimestre de 2017. Ahora resulta que en mayo pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que las elecciones de gobernadores y consejos legislativos regionales serán el 10 de diciembre de 2017. Por si eso fuera poco, Diosdado Cabello manifestó recientemente que “los candidatos de la oposición venezolana a las elecciones de gobernadores del próximo 10 de diciembre deberán tener ‘un certificado de buena conducta’ emitido por la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro”.

El gobierno de Nicolás Maduro, desconociendo la voluntad popular, convocó y llevó a cabo elecciones para Asamblea Constituyente actualmente instalada habiendo desplazado de forma violenta e ilegal a la Asamblea Nacional electa por voluntad popular. Asimismo, y de manera temeraria, el Sr. Cabello declaró a la Constituyente como un “suprapoder” que regirá por dos años, pero también dijo que al ser “soberanísima” puede extender ese lapso a “cuatro, cinco o seis años”.

El CNE reportó una asistencia superior a 8 millones de votantes. Cabe mencionar que apenas tres días pasadas las elecciones, el responsable de Smartmatic, la empresa que ha trabajado en la gestión electoral de Venezuela desde 2004, ha asegurado que el dato de participación en los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente ha sido manipulado. Es interesante mencionar que dichas declaraciones las brindó desde Londres, luego de haber retirado a todo su personal de Venezuela; un hecho que desdice de la libertad de expresión y riesgo en la seguridad personal que impera en dicho país.

No solo el CNE opera bajo mando del Ejecutivo sino también el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), prueba de ello son las declaraciones de inconstitucionalidad de acuerdos legislativos, calificando de traición a la patria el respaldo a la Carta Democrática Interamericana y en otro fallo declaró “la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.

Dado lo anterior, cabe ahora preguntarse si los venezolanos contarán en el corto o mediano plazo con las condiciones que les permitan recuperar sus derechos que el gobierno y sus instituciones en el presente les han secuestrado y lograr una verdadera y sólida democracia.

Finalmente, ¿en qué se basa el gobierno de El Salvador cuando apoya de manera obstinada a un gobierno que reprime sistemáticamente a todo un pueblo y sus anhelos de libertad y bienestar?
 

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