Elecciones que dejan muchas preocupaciones

Las pasadas elecciones legislativas y municipales no quedarán en la mente de la ciudadanía por el importante avance democrático del voto a través de listas abiertas y de forma cruzada. Al contrario, lo que se recordará son las enormes fallas en la organización por parte del TSE, la incertidumbre por no conocerse de forma pronta los resultados y por haberse obviado el escrutinio preliminar.
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Esta situación ha provocado todo tipo de calificativos: caótico, surreal, chapandongo, incompetencia, incapacidad, etcétera; y ya no se diga las reacciones de indignación en las redes sociales.

La crítica que se ha hecho al TSE anteriormente ha sido, principalmente, por la ausente y débil justicia electoral, pues difícilmente personas propuestas por los partidos políticos van a sancionar a quienes los propusieron, y es por ello, por ejemplo, que las campañas adelantadas siguen en impunidad.

En cuanto a las funciones administrativas del TSE, la organización de las elecciones desde los Acuerdos de Paz, ha sido satisfactoria en términos generales. Sin embargo, esta realidad cambió radicalmente con las elecciones recién pasadas, ahora podemos manifestar que no tenemos justicia electoral y que también se ha errado en la organización de las elecciones.

Lo anterior es grave y representa un retroceso de grandes dimensiones en la institucionalidad y obliga a que se tomen acciones inmediatas.

Constituye una irresponsabilidad las declaraciones de algunos políticos que afirman que la culpable de todo es la Sala de lo Constitucional, a raíz del fallo sobre el voto cruzado. Si bien es cierto que hubiera sido deseable que la sentencia se emitiera antes de noviembre de 2014, cuatro meses eran suficientes para que el TSE educara a la ciudadanía sobre las nuevas modalidades del voto y que instruyera a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Quienes culpan a la sala olvidan la actuación inconstitucional de la Asamblea Legislativa, que tenía la obligación de legislar, pero lo que hizo fue delegar dicha facultad al TSE, lo cual está prohibido por el art. 86 de la Constitución, que dispone que las atribuciones de los Órganos de Estado son indelegables. Esta situación, junto con la capacitación tímida y tardía del TSE sobre las nuevas formas de votar, influyó en gran medida en los problemas que se tuvieron el día de la votación, pues la falta de comprensión en las JRV era notoria. Aunado a lo anterior, la contratación de múltiples empresas para transmitir, procesar y divulgar los datos era una “muerte anunciada” de que no iba a funcionar.

Lo que más preocupa es que el actual TSE será quien organizará las elecciones legislativas y municipales de 2018 y las presidenciales de 2019, y lo sucedido el 1.º de marzo pasado no puede volver a suceder. Es impostergable modernizar el proceso de votación para corregir problemas como las inhumanas condiciones en que los miembros de las JRV hicieron su digno trabajo, en algunos casos, por más de 24 horas continuas. Pero hay también reformas de fondo que son absolutamente necesarias: que los vigilantes de los partidos estén domiciliados en el municipio donde pertenezca el centro de votación en donde vigilarán y “ciudadanizar” las JRV. También debe analizarse la viabilidad de los distritos electorales.

La otra gran reforma es la separación de funciones en el TSE, lo que requiere enmienda constitucional, por tanto, si quisiéramos este importante cambio para las elecciones de 2018, la legislatura actual debería aprobar el acuerdo de reforma constitucional, y la entrante debería aprobarla con mayoría calificada. Si no lo hacemos, seguiremos con el mismo modelo de organismo electoral para las elecciones de 2018 y de 2019.

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