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Elecciones y las "CIACS" de El Salvador

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Héctor Silva Ávalos

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Vamos, de nuevo, a votar el 28 de febrero. Como casi siempre, desde que los Acuerdos de Paz crearon la hoja de ruta que el país ha seguido las últimas tres décadas, la jornada del domingo se pinta crítica: nuestra democracia sigue siendo tan frágil y en general nuestros gobernantes han dejado tanto a deberle que en cada elección parece que el país se acerca, de alguna manera, al abismo.

En los noventa y la primera década de este siglo fue el temor de la derecha política y económica a perder los beneficios que les dio el poder lo que enturbió el proceso democrático. De 2009 a 2019 la izquierda hizo lo propio con su incapacidad para usar el poder, y sus coqueteos propios con el autoritarismo y la corrupción.

Y durante esos 30 años, ambos, la izquierda del FMLN y la derecha de ARENA y apéndices –PCN, GANA, PDC y otros–, alimentaron, desde el Estado, a grupos e individuos que facilitaron la consolidación de redes de crimen organizado o a funcionarios que participaron directamente de actividades criminales.

Con los años, esos grupos e individuos poblaron algunas de las redes de influencia política más importantes del país, en buena medida gracias a su capacidad para utilizar a la fuerza pública y a las pandillas como músculo criminal, torcer al sistema para encubrir los crímenes propios y ajenos y garantizar lealtades a través del financiamiento de campañas electorales.

Estas redes son comunes en la política centroamericana. En Guatemala se les conoce como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), nacidos en los oscuros años del conflicto interno y reconvertidos, precisamente, en grupos de impunidad y crimen. En El Salvador también hay CIACS.

Me refiero, por ejemplo, a redes como las que montó el fallecido Adolfo "Chele" Tórrez desde ARENA; la de Herbert Saca en GANA; la de José Luis Merino del FMLN o la de Enrique Rais en el Órgano Judicial o en la órbita misma de Merino y Alba Petróleos. O a las redes de protección del narcotráfico operadas, incluso hoy, desde la Policía Nacional Civil.

En nuestros años de paz –mediocre pero paz al fin–, El Salvador fue capaz de contener en alguna medida a estas redes, gracias a servidores públicos que sí respetaron la Constitución y ejercieron contrapesos al poder viciado –se me ocurren algunos procuradores de Derechos Humanos, funcionarios medios en la PNC, un puñado de fiscales auxiliares valientes, algunos jueces y pocos diputados y ministros–, a una parte del periodismo, a otra porción de la sociedad civil y, hay que decirlo sin sonrojarse, a la acción oportuna, a veces in extremis, de la comunidad internacional, sobre todo de la embajada de los Estados Unidos.

Durante un buen tramo de nuestra paz, además, el bipartidismo fue capaz de caminar sobre una línea fina que posibilitó el sistema de contrapesos. De a poco, sin embargo, el acuerdo de que esa línea no debía de romperse se fue diseminando, sobre todo en las presidencias de Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, y los aparatos partidarios se arrodillaron ante grupos de influencia como los de Adolfo Tórrez, Herbert Saca y José Luis Merino.

La llegada de Nayib Bukele al poder, aupado por su enorme popularidad y su estrategia de presentarse como el destructor final de aquel bipartidismo, borró todas las líneas ideológicas y casi todos los contrapesos, no para encumbrar a una tercera vía política, sino para consolidar el poder de las redes-CIACS salvadoreñas: Merino, Saca, el mismo Rais han sido personajes de influencia probada en esta administración.

Así llegamos al 28 de febrero: frente a nosotros la posibilidad de que el resumen de todas esas redes que existen en la administración actual del Ejecutivo extienda su poder a instituciones que, aunque tímidas a veces, sí han mantenido cerradas las puertas al autoritarismo, como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

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