Empiezan a funcionar

Si los funcionarios que en nuestro país tienen el mandato de asegurar la probidad hacen su tarea, seguramente en el futuro cercano tendremos otro país. El dinero del público no es para beneficio privado. Se están sentando precedentes.
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La Constitución de la República establece el régimen administrativo que debe prevalecer en el servicio civil. Su contenido es para que la administración pública funcione efectivamente. Lo primero que se establece es que los funcionarios y empleados públicos no podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista. Y amenaza con sancionar “conforme a la ley”. Hay muchos y diversos casos en los que es obvio la violación a la Constitución. No hay que ser muy acucioso. Es suficiente ver el número de “correligionarios” que entran y salen según opciones partidarias. Y en este entrar y salir, la administración pública del gobierno central y los gobiernos municipales va creciendo desproporcionadamente afectando al contribuyente. Hay que ir justificando más y más plazas.

La Constitución de la República establece que las condiciones de ingreso a la administración pública deben estar reguladas. En la administración pública deberían estar los mejores de los mejores; en la administración pública deberían estar los más capaces y competitivos; deberían estar, única y exclusivamente, los que hacen de su ejercicio profesional y personal un servicio permanente al bien común; deberían estar los que dan resultados concretos, visibles y medibles para el bienestar de la gente.

Si estas fueran las condiciones de ingreso y permanencia en la administración pública en los dos niveles de gobierno, seguramente con el mismo presupuesto, las condiciones de vida de la gente serían otras.

La Constitución de la República prohíbe las huelgas de los trabajadores públicos del gobierno central y locales, y también y el abandono colectivo de los cargos. Este mandato es de generalizada ignorancia y de intencional olvido. En la prestación de servicios públicos de educación, seguridad, salud y aduanas, hemos presenciado una y más veces demandas callejeras, paros, irrupciones a centros de “máxima seguridad” afectando en cualquier momento el derecho de los contribuyentes y los ciudadanos. Los empleados y funcionarios públicos lo hacen cuando quieren y donde quieren. No importa si tienen Educación Básica completa, no importa si tienen Educación Media completa y no importa si tienen Doctorados. Todos hacen lo mismo sin importarles el efecto que tiene en los usuarios de los servicios.

Es evidente la incapacidad de las autoridades y la escasa influencia de funcionarios dedicados a la “gobernabilidad”. Desde fuera cualquiera puede afirmar “no pueden con ellos mismos”.

No pueden con ellos mismos, y digo ellos mismos porque todos son servidores públicos. El tema de reforma, transformación o modernización del Estado y de la administración pública no se toma en serio. Hay un problema de institucionalidad a pesar de los millonarios recursos que se han justificado ante organismos internacionales. Todos los Órganos han tenido y tienen recursos millonarios destinados a “modernizar, fortalecer, reformar”. ¿Cuánto adeuda el país en este concepto? Hay que preguntar porque los préstamos internacionales y de cooperación se han encapsulado en el “fortalecimiento institucional”. Y esto ¿en qué se traduce? Y esto ¿cómo nos beneficia?

En este cuestionamiento permanente a la eficacia o ineficacia de la administración pública por la eficacia o ineficacia de los funcionarios y empleados públicos hay señales alentadoras que vienen del Órgano Judicial, señales que confirman que son las personas las que hacen a las instituciones. Por la demanda ciudadana, de la Sala de lo Constitucional surgieron iniciativas para motivar la modernización del sistema electoral. Falta que los legisladores cumplan con el mandato de la resolución. Y como esto les afecta, la resistencia legislativa se traduce a la estrategia de “dejar que llegue 2018”.

A la impunidad le han puesto un alfiler. La Sección de Probidad está haciendo el trabajo administrativo que le manda la Ley. Y así lo explicita en las Resoluciones de la Corte Suprema. Un trabajo eminentemente administrativo sin el cual no hay forma de proceder judicialmente. Hay indicios, afirman. Ponen ejemplos de los indicios. Y proceden a remitir el caso para que se investigue judicialmente. Para cualquier contribuyente esto fortalecerá la cultura fiscal y con una clara advertencia: cuídense de contribuciones de “Amigos” que pueden terminar en cuentas personales.

Si los funcionarios que en nuestro país tienen el mandato de asegurar la probidad hacen su tarea, seguramente en el futuro cercano tendremos otro país. El dinero del público no es para beneficio privado. Se están sentando precedentes. ¡La impunidad hay que perseguirla!

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