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Empleo masivo y sostenido: Una demanda urgente (Parte I)

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Óscar Godoy

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La falta de empleo formal es uno de los fenómenos que más impacto tienen en la precaria economía de los salvadoreños, y es una de las razones que impulsan la expansión de la informalidad comercial en el país, además de estimular –o justificar– la migración irregular hacia los Estados Unidos. El desempleo –en tanto fenómeno socioeconómico– es una realidad que tarde o temprano puede amenazar la estabilidad política, y poner al país en situación de crisis al asociarse a otros problemas propios de la pobreza (como el déficit de atención en salud, la carencia de agua potable y la deficiencia en otros servicios públicos esenciales).

Pese a que es un tema recurrente en la comunicación electoral, lo cierto es que sigue siendo un problema sin atender, así lo refleja el hecho de que miles de salvadoreños están desempleados, soportando todas las implicaciones económicas y psicosociales asociadas a la falta de ingresos para sostener la vida individual y familiar.

En Administración Pública, se le llama "problema friccionario" a aquellos cuyos indicadores sobrepasan la capacidad del Estado para disuadir o controlar el conflicto social. El desempleo, en el caso de El Salvador, puede caer en "situación friccionaria" y conectarse a la energía adversa que deriva de la inconformidad ciudadana en el tema de pensiones –otro fenómeno friccionario– y del alto costo de la vida, y activarse como conato de crisis tendente a expresiones que –como ya lo vimos en Suramérica– llegan a ser verdaderas explosiones sociales.

Si esta situación no es atendida, las consecuencias pueden ser terribles: por un lado, se asegura el mantenimiento y reproducción de las condiciones de pobreza; por otro, se inhibe la posibilidad de desarrollo humano y de reactivar la dinámica del mercado, además de impactar –en sentido negativo– en cualquier pretensión de crecimiento económico sostenido.

Esta situación –entonces– debería ser una preocupación genuina del gobierno y de las elites (partidistas, empresariales, gremiales, sindicales y académicas) que tengan liderazgo para orientar al país hacia un estadio de bienestar socioeconómico, pero reconociendo los diferentes intereses legítimos de cada sector. Sin embargo, asumir esta responsabilidad requiere una postura superior a la visión electoral o ideológica, es decir, elevarse a la "visión política estratégica", un campo de acción en el que todos ganan.

Esta postura, desde la acción política estratégica, supone actuar con visión de Estadistas (promotores de Estado) comprometidos no solo con la Democracia Formal, sino con toda construcción política que conduzca a la tan necesaria Democracia Social. Es una postura que demanda –ineludiblemente– que los diferentes liderazgos inicien, cuanto antes, un diálogo serio, maduro y comprometido, un diálogo de "alta política" basado en el reconocimiento de que este tipo de problemas nunca serán solucionados de forma unilateral.

El diálogo en mención debe orientarse a la eliminación rápida –pero sistemática– de toda barrera que imposibilite la generación de empleo, entendiendo, además, que generar empleo solo es posible si se estimula y fortalece la actividad empresarial, más que todo de la industria o toda aquella que implique la producción y transformación de materias primas o la generación de bienes y servicios de alto valor agregado.

En una visión rápida, estas barreras son sinónimo de poca inversión nacional y extranjera, limitaciones de acceso a mercados, excesiva burocracia en las instituciones (la mal llamada "tramitología"), exceso de discreción para otorgar licencias, permisos y aprobaciones, excesiva y dispersa carga tributaria, débil o escasa inversión estatal en infraestructura estratégica (carreteras, puertos, aeropuertos, corredores logísticos), tensión política entre gobiernos y empresarios (o sus gremiales); se requiere –por lo tanto– una estrategia para enfrentar el fenómeno, una estrategia que constituya una Política Pública de Estado.

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