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Empleo masivo y sostenido: Una demanda urgente (Parte II)

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Óscar Godoy

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Abordar el problema del desempleo –desde la acción estratégica– supone un lobby tecno-político sistemático que reconozca los intereses legítimos de cada actor: la población desempleada tiene un interés concreto de activar su fuerza laboral a cambio de remuneraciones directas y beneficios de seguridad social, el sector empresarial tiene el interés legítimo de invertir su capital en forma segura y rentable, en un entorno de garantías y libertades para interactuar en el mercado; pero el Estado también tiene el derecho de recibir los tributos que la ley le asigna para financiar su estructura institucional y trabajar en los grandes objetivos nacionales.

Entonces, respetando estos intereses, vale preguntarse ¿qué elementos debería contener una estrategia de generación de empleo masivo y sostenido?, ¿qué concesiones deberían hacerse desde cada sector para contribuir a esta estrategia? y ¿qué aportes directos –y quizá sacrificios– deberían dar los otros sectores de la sociedad?

En cuanto a elementos de política pública –y sobre el entendido de que esta debe construirse en forma participativa– se requiere un diagnóstico serio del problema, explicar sus causas y consecuencias, para que tenga sentido toda medida concreta; esto pasa por conocer qué factores políticos, jurídicos, económicos, tecnológicos, sociales y culturales inciden en la tasa actual de desempleo y tener una prospectiva de su tendencia en el mediano y largo plazo, además de los impactos de este en términos de riesgo político.

El objetivo de este instrumento de política debe ser altamente pragmático y contextuado en la realidad del país y en el estado actual de desarrollo de su empresariado, de su mercado, del nivel técnico-tecnológico y de las competencias actuales y posibles de la población. Debe incluir un sistema de indicadores y una metodología práctica de monitoreo y evaluación de proceso y de impacto, de manera que puedan hacerse ajustes necesarios durante su implementación.

En cuanto a concesiones para contribuir a esta estrategia, el Estado debería resistir la visión ideológica-electoral y "abrirse" al abordaje técnico del problema, debería plantear cuál es la visión socioeconómica del gobierno, convertirse en un facilitador en términos de flexibilizar su interés tributario, reducir y simplificar la burocracia y definir las medidas de compensación que se requieran para enfrentar el momento crítico del desempleo y avanzar hacia lo masivo y sostenido.

Por su parte, al empresariado se le pide la concesión de implementar inversiones con propósito inmediato de generar empleo; esto implica asumir una postura progresista, es decir, comprometerse en apoyar el rol subsidiario del Estado, hasta que el problema llegue a condiciones que no impliquen riesgo sociopolítico. El sector desempleado –y las organizaciones que lo representan– también puede hacer la concesión de abrirse a oportunidades de empleo que le satisfagan sus intereses mínimos, sin pretensiones extremas o antiempresariales, pero que le vayan abriendo brecha para avanzar hacia mejores opciones, es decir, aceptar la oportunidad inmediata –siempre que sea trabajo decente– y la gradualidad de acceso a opciones más satisfactorias.

Los otros sectores de la sociedad también pueden asumir un sacrificio –o quizá un giro pragmático– para contribuir a una estrategia de generación de empleo masivo y sostenido. Las universidades, por ejemplo, pueden desactivar, en lo posible, aquella oferta académica no apta para la demanda del mercado laboral, esto es, girar hacia la formación útil que "conecte" con las oportunidades de trabajo; el sacrificio estaría en desestructurar su actual "oferta de éxito" en carreras que ya tienen saturación, y optar –en sentido contrario– por la formación de profesionales que efectivamente contribuyan a la producción nacional –digo producción en todo sentido (económica, social, cultural, tecnológica y científica)– en lugar de seguir alimentando el vasto ejército de desempleados de alta graduación.

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