Empleo público como botín político

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Columnista de LA PRENSA GRÁFICAEl despido de 11 jefaturas “de confianza” de la alcaldía de San Salvador tiene dos caras. Una revela cómo las instituciones públicas se han tomado como botín político; y dos, que hay personas que no piensan que tras esos despidos hay familias que quedan desamparadas.

Los medios de comunicación han denunciado reiteradamente que se ha dado empleo en el sector público a militantes que deben dar parte de sus salarios para financiar al partido. Una cosa es que una persona le done dinero voluntariamente a un partido y otra es que se le contrate, como favor político, para obtener recursos para financiar al partido.

En junio del año pasado, don Medardo González, secretario general del FMLN, señalaba ante señalamientos sobre el pago de cuotas partidarias que “por ley interna está obligada (la militancia) a pagar una parte de su salario” (DEM, 11/julio/16). Y tiene razón, pero hay otras evidencias que no necesariamente se les exige el pago a militantes, sino a servidores públicos que no son del partido.

También, EDM informó: “En 2012, la Corte de Cuentas determinó responsabilidades administrativas contra el entonces alcalde de Soyapango... por haber aprobado ‘descuentos a empleados a favor del partido político’. Igual sanción se determinó en 2010 contra el alcalde de Quezaltepeque, Manuel Flores... por hacer descuentos de cuota partidaria a 76 empleados”.

“Solo Noticias” dio a conocer hace una semana que “miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Soyapango” denunciaron que la alcaldía les descontaba de forma obligatoria e ilegal una cuota para el partido FMLN. Esto es grave, pero la respuesta de jefes del CAM es más reveladora: “Si no aceptan la firma en la orden de descuento serán despedidos”. Y se llega al colmo cuando el “alcalde Arévalo” dijo que los trabajadores, que los empleados deben ver el descuento “como una forma de ‘agradecimiento’ al FMLN por tener un trabajo”.

Si en los 8 años de gobierno del FMLN, a mayo de 2017, se han contratado 36 mil nuevos servidores públicos, según datos del ISSS, y de ellos el 80 % “aporta” en promedio, supongamos, unos $25 mensuales, el partido recibe $10 millones en el año, sin incluir jefes de confianza, funcionarios de gobierno y de elección popular. Así es cómo se financia el FMLN con salarios que se pagan con los impuestos de todos los salvadoreños, le guste o no ese partido.

Por otro lado, preguntemos: ¿contrató el alcalde Bukele a personas por cuota partidaria sin cumplir experiencia y conocimientos? De ser así, este sería un claro caso de corrupción.

El despido de jefaturas, ante su expulsión del FMLN, demuestra inmadurez administrativa del señor Bukele, porque eliminó, sin planificar los reemplazos, a quienes realizan la gestión interna del municipio. Además, cómo se ha hecho traerá otros problemas: denuncias ante las procuradurías General de la República y para la Defensa de los Derechos Humanos y Ministerio del Trabajo, por posible violación de derechos laborales. Por favor, haga las reservas necesarias, porque si la alcaldía tiene un fallo adverso, probablemente, el próximo alcalde deberá pagar los salarios a los despedidos de manera retroactiva.

También esta experiencia debería considerarse al revisar el Presupuesto 2018, que trae la contratación de 2,524 nuevas plazas, contrario a lo que la gente demanda.

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